La administración de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila enfrenta un severo cuestionamiento tras la liberación bajo arraigo domiciliario de un agresor que mantuvo cautiva a una mujer bajo amenazas de muerte con arma de fuego.
La inacción de la fiscalía ante el riesgo de feminicidio
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha reclasificado un ataque armado como violencia familiar, omitiendo el contexto de riesgo letal y las agravantes del caso.
Yesika Mehili Aguirre, víctima de 41 años, denuncia la negligencia institucional que ignora los elementos de prueba. El agresor, identificado como Hugo “N”, sometió a la afectada del 12 al 15 de julio, periodo durante el cual realizó una detonación de arma calibre 22 al interior del domicilio y mantuvo el arma contra el mentón de la mujer. Pese a la detención en flagrancia realizada por la policía municipal con el arma en posesión, las autoridades estatales omitieron la tentativa de feminicidio en la carpeta de investigación.
Exigencia de seguridad y colapso de la narrativa oficial
La víctima responsabiliza directamente al gobernador Manolo Jiménez por cualquier daño a su integridad o la de su hijo menor, señalando la ineficacia del sistema judicial local.
- Omisión de agravantes: La fiscalía desestimó la posesión de arma de fuego y las amenazas de muerte, reduciendo el delito a violencia familiar.
- Proximidad peligrosa: El arraigo domiciliario dictado por una jueza permite que el agresor, quien consume sustancias ilícitas, permanezca cerca de la víctima.
- Desmentido municipal: La afectada refutó las declaraciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, sobre la seguridad en la ciudad, exponiendo que el peligro persiste dentro de los hogares.
El patrón de impunidad en Coahuila
La narrativa de las autoridades estatales es señalada como un factor que abona a la vulnerabilidad sistémica de las mujeres en la entidad.
Yesika Mehili Aguirre exige que su caso sea revisado por un perito en derecho ajeno a la gestión de Federico Fernández, fiscal general, y Katy Salinas, fiscal para Delitos contra Mujeres y Niñas. La víctima sostiene que existe un modus operandi por parte del Estado para minimizar ataques armados bajo la etiqueta de violencia familiar, una práctica que facilita la impunidad y coloca a las mujeres en un estado de indefensión permanente frente a sus victimarios.
