CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (XPFM).- La Escuela Nacional de Formación Judicial dependiente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) lanzó un curso dirigido a juezas, jueces, magistradas y magistrados, es decir titulares de órganos judiciales, que llegaron a sus cargos mediante la elección popular, bajo el argumento de fortalecer sus capacidades para administrar los órganos jurisdiccionales.
La convocatoria puede parecer, en principio, una medida razonable de actualización, pero su contenido abre una pregunta muy incómoda: ¿por qué quienes ya fueron considerados aptos para ocupar la titularidad de un juzgado o tribunal necesitan ahora capacitación en competencias indispensables para ejercer ese cargo?
El curso, denominado “Capacitación a Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados, sobre la organización, funcionamiento y actividad administrativa desde la óptica jurisdiccional”, tiene como objetivo que sus participantes desarrollen herramientas de gestión administrativa, gestión del talento humano, liderazgo organizacional y optimización de recursos, con el propósito de mejorar el desempeño de sus equipos y garantizar un ambiente laboral sano.
Si la elección judicial pretendía llevar a los cargos a los perfiles mejor preparados para impartir justicia, resulta inevitable preguntar qué tan integral fue esa preparación antes de convertirlos en titulares. Porque no se está hablando únicamente de actualizar conocimientos jurídicos o conocer nuevas disposiciones: se trata de aprender a dirigir personal, administrar recursos, ejercer liderazgo y organizar el funcionamiento de un órgano jurisdiccional.
La capacitación, por sí misma, no debería ser cuestionable. Incluso los servidores públicos con amplia trayectoria requieren actualización permanente. El problema aparece cuando el curso parece destinado a cubrir competencias que deberían formar parte del perfil mínimo de quien asume la responsabilidad de encabezar un juzgado o tribunal. Si esas capacidades eran necesarias para desempeñar el puesto, ¿por qué no fueron acreditadas antes de la elección?
La situación también coloca en una posición incómoda a quienes construyeron una carrera dentro del Poder Judicial. Mientras durante años se defendió la experiencia y la formación especializada como elementos fundamentales para ocupar responsabilidades jurisdiccionales, ahora los nuevos titulares reciben capacitación posterior para adquirir herramientas de dirección y administración.
La pregunta es inevitable: ¿se está profesionalizando a los nuevos juzgadores o se está intentando corregir, después de la elección, deficiencias que debieron detectarse antes?
Con esta autoexhibida surge un cuestionamiento más delicado. ¿La Escuela Nacional de Formación Judicial diseñó este curso como parte de un programa ordinario de inducción o responde a un diagnóstico sobre las capacidades de quienes asumieron los cargos? Porque si existen evaluaciones que revelan deficiencias en liderazgo, administración o manejo de personal, sería razonable que el Poder Judicial explicara cuáles son sus resultados. Y si esas evaluaciones no existen, entonces habría que preguntar con qué criterio se determinó que los nuevos titulares necesitaban esta capacitación específica.
La sombra alcanza también al Tribunal de Disciplina Judicial. Si ya se han realizado evaluaciones sobre el desempeño de los nuevos juzgadores, ¿por qué sus resultados no son públicos? Y si todavía no existen, ¿por qué se habla de fortalecer capacidades antes de conocer formalmente las deficiencias que se pretende corregir?
La paradoja es difícil de ignorar pues un sistema que presentó la elección judicial como una vía para garantizar que los mejores perfiles llegaran a los tribunales ahora necesita capacitar a esos mismos titulares para ejercer funciones esenciales de liderazgo, administración y gestión. No necesariamente significa que sean incompetentes, pero sí obliga a cuestionar qué se evaluó realmente antes de permitirles ocupar el cargo.
El asunto, por tanto, no es si los jueces deben capacitarse. Por supuesto que deben hacerlo. El verdadero problema es otro. Si tuvieron que ser electos para después aprender a administrar, dirigir y organizar el órgano que encabezan, entonces quizá la pregunta es qué tan preparados estaban realmente para ejercer el puesto. Y si no fuera así, ¿no es una ofensa para los juzgadores con carrera judicial que se les insinúe incapaces o faltos de competencias para desarrollar sus funciones de liderazgo dentro de los puestos que ganaron vía elección popular?
