La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 13,231 asuntos en su primer año bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, de los cuales 10,591 expedientes, equivalentes al 70 por ciento, fueron tramitados mediante acuerdos administrativos y solo el 17.5 por ciento llegó a discusión en el pleno.
La transformación judicial impuesta por el régimen de Morena transformó la estructura operativa del máximo tribunal del país tras la eliminación de la Primera y Segunda Salas, obligando a que la totalidad de la carga de trabajo recaiga nominalmente en un pleno que materialmente margina la discusión colegiada de los temas constitucionales prioritarios para México.
Cifras opacas y simulación estadística en el alto tribunal
La administración actual presume un índice de resolución del 87.9 por ciento sobre un total de 15,051 expedientes ingresados, ocultando que el grueso de la estadística favorable se sostiene en determinaciones de trámite y acuerdos internos en lugar de sentencias de fondo discutidas públicamente por los ministros afines al oficialismo.
La gestión de Hugo Aguilar Ortiz heredó un rezago de 1,479 asuntos de la integración previa encabezada por Norma Lucía Piña Hernández, de los cuales restan 44 expedientes pendientes, mientras que la comparación con el periodo anterior evidencia un incremento marginal en el volumen de asuntos concluidos a costa de pulverizar el análisis colegiado en salas especializadas.
Discrecionalidad política bajo el pretexto de la técnica jurídica
El argumento oficial sobre la aplicación de un criterio técnico jurídico riguroso para filtrar las demandas y convertir a la Corte en un tribunal constitucional contrasta con la concentración de decisiones en acuerdos discrecionales que evitan el escrutinio público de las controversias de mayor relevancia nacional.
La retórica gubernamental que sepulta las prácticas del pasado reciente ignora que el funcionamiento actual reduce drásticamente la deliberación abierta, limitando el debate democrático en un tribunal que ahora responde mecánicamente a los intereses estructurales de la autodenominada Cuarta Transformación.
(Con información de El Economista)
