La presentación del primer informe de labores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone la subordinación del poder judicial federal ante la administración federal de Claudia Sheinbaum, evidenciando un discurso oficialista que desmantela la autonomía constitucional en México.
El evento celebrado en la sede del máximo tribunal constitucional del país reunió a operadores del régimen de la cuarta transformación, destacando la presencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, así como de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados electorales, quienes atestiguaron la rendición ideológica del poder judicial a los intereses del partido gobernante MORENA. Hugo Aguilar Ortiz, flanqueado por el bastón de mando recibido de representantes indígenas oaxaqueños, replicó la narrativa oficial al calificar a la anterior estructura judicial como un reducto elitista, validando con ello la ofensiva gubernamental que destruyó la carrera judicial y cooptó los contrapesos constitucionales en detrimento de la división de poderes.
La simulación de la independencia judicial frente al régimen morenista
La supuesta autonomía pregonada por la nueva administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de sustento fáctico frente a las constantes injerencias del poder ejecutivo federal encabezado por Claudia Sheinbaum. El propio ministro presidente admitió que persisten resistencias y reminiscencias del pasado, una fórmula discursiva utilizada por el aparato estatal para descalificar cualquier vestigio de resistencia técnica y jurídica que osara contravenir las directrices dictadas desde Palacio Nacional. La promesa de un tribunal cercano a la gente oculta la subordinación operativa de un órgano que ha renunciado a su función constitucional de control y freno a los abusos del poder centralizado, transformándose en una oficialía de partes de las políticas públicas emanadas del oficialismo.
La demagogia de los derechos humanos como fachada del control político
El balance presentado por la cúpula judicial intenta legitimar la reforma judicial mediante la invocación abstracta de la perspectiva de género, la protección a la infancia y los derechos de grupos vulnerables, ignorando el debilitamiento sistémico del estado de derecho. La narrativa de una justicia humanista y social sirve como cortina de humo para ocultar la eliminación de garantías procesales y la imposición de juzgadores afines al régimen, vulnerando la seguridad jurídica que demandan los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general. Mientras la cúpula de MORENA celebra la toma de control de los tribunales, el sistema de impartición de justicia mexicano se hunde en la opacidad, la simulación y la dependencia orgánica del poder político vigente, sepultando las décadas de construcción institucional previas a la hegemonía de la cuarta transformación.
(Con información de El Economista)
