El Congreso de Sinaloa enfrenta la responsabilidad absoluta de designar a un gobernador interino tras la segunda solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, quien ha sido calificado por la propia presidencia como imprudente por sus recientes movimientos políticos.
El deslinde presidencial ante el caos sinaloense
La titular del Ejecutivo federal ha marcado una distancia política con el gobernador en funciones, subrayando que la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo y posteriormente pedir una nueva licencia fue una acción unilateral sin intervención del gobierno central.
Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la administración federal no tuvo conocimiento previo de las intenciones de Rocha Moya, enterándose de sus decisiones a través de publicaciones en redes sociales. Ante la nueva vacante, la presidenta insiste en que el Congreso local debe actuar con honestidad, capacidad y profesionalismo, evitando cualquier narrativa que sugiera una injerencia del Poder Ejecutivo federal en las decisiones de la entidad, manteniendo así la fachada de respeto a la autonomía estatal frente al evidente vacío de poder que atraviesa el gobierno sinaloense.
La imprudencia política de Rocha Moya bajo la lupa
La postura de la presidencia frente a la gestión de Rocha Moya ha escalado en severidad, calificando su actuar reciente como una imprudencia que compromete la estabilidad institucional.
A pesar de las especulaciones sobre posibles directrices provenientes de la cúpula del régimen, específicamente sobre una supuesta comunicación con el expresidente López Obrador, Sheinbaum descartó estas versiones etiquetándolas como política ficción. La mandataria federal fue enfática al señalar que el gobernador con licencia debe permanecer separado del cargo mientras persistan las investigaciones abiertas en su contra, dejando claro que no existe una coordinación política vigente con el exmandatario sobre el caso específico de la crisis en el estado.
Militarización frente al vacío de poder estatal
Mientras la clase política local discute la designación del interinato, el gobierno federal mantiene una presencia armada masiva en la entidad como medida de control.
La estructura de seguridad operativa en Sinaloa cuenta con un despliegue de quince mil elementos integrados por el Ejército y la Guardia Nacional. A esta fuerza se suma un contingente de mil quinientos elementos adicionales pertenecientes a la Secretaría de Marina, con una concentración estratégica de activos en el puerto de Mazatlán. La presidencia sostiene que este despliegue garantiza la atención permanente en la región, argumentando que no existe una desaparición de poderes que justifique una intervención más profunda, ya que los órganos legislativos y judiciales locales continúan formalmente en funciones a pesar del clima de incertidumbre política.
(Con información de El Economista)
