La administración de control de drogas de Estados Unidos aclaró que la recuperación de 5.8 millones de dólares celebrada por el gobierno de Claudia Sheinbaum es solo un fragmento de una serie de procesos judiciales pendientes contra el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna.
La DEA desestima el triunfalismo oficial sobre los recursos recuperados
El director de la agencia estadunidense, Terry Cole, marcó una distancia crítica respecto a la narrativa triunfalista del ejecutivo federal mexicano al precisar que Estados Unidos conserva sentencias pendientes relacionadas con los activos de García Luna. La postura de la dependencia antinarcóticos enfatiza que la persecución de los bienes vinculados a la corrupción del exfuncionario no ha concluido y que los esfuerzos de confiscación continuarán bajo la estrategia de justicia de aquel país, desarticulando el intento de la actual administración por adjudicarse un éxito final en el litigio contra el excolaborador de Felipe Calderón.
La persistencia judicial frente al discurso del régimen
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum intentó capitalizar políticamente la recuperación de 5.8 millones de dólares derivados de un juicio contra la familia Weinberg, el funcionario de la DEA recordó que la condena contra García Luna es el resultado de años de una investigación ininterrumpida por parte de las autoridades estadunidenses. Esta precisión técnica revela que el gobierno de México únicamente funge como receptor de remanentes de una estrategia ajena, cuyo motor principal fue la acumulación de pruebas que expusieron la traición a la confianza pública y la complicidad de altos mandos con cárteles de la droga durante la década pasada.
Corrupción sistémica como arma de los grupos criminales
Terry Cole fue contundente al señalar que la corrupción interna en las instituciones mexicanas continúa operando como una de las herramientas más eficaces de los grupos criminales para su expansión operativa. La DEA reafirmó su compromiso para desenmascarar las redes de complicidad que, en diversas etapas de la administración pública, han priorizado los intereses del narcotráfico sobre la seguridad nacional y el bienestar de la ciudadanía, dejando en entredicho la capacidad de las autoridades mexicanas para combatir estas estructuras sin la intervención y supervisión constante de las agencias de inteligencia extranjeras.
Origen y alcance de los fondos en litigio
El recurso recuperado de 5.8 millones de dólares proviene originalmente de acciones judiciales iniciadas en 2019, durante el sexenio anterior, enfocadas en desmantelar los negocios vinculados a la familia Weinberg. Estas adquisiciones irregulares de equipo para cárceles federales, efectuadas entre 2008 y 2018, sumaron un total de 403 millones de dólares, de los cuales la justicia estadunidense determinó una mínima fracción como daño al erario mexicano. La disparidad entre el monto total de los contratos y la cifra recuperada subraya la complejidad y la magnitud del quebranto financiero que el actual gobierno intenta posicionar como un logro de gestión, ignorando el trasfondo de las sentencias que aún están por dictarse en cortes de Estados Unidos.
(Con información de Apro)
