La reciente validación pública emitida por el director de la Agencia de Control de Drogas, Terry Cole, hacia el secretario Omar García Harfuch, subraya una creciente dependencia de las estructuras de inteligencia extranjeras en la gestión de la seguridad mexicana, evidenciando una debilidad institucional crónica frente al crimen organizado.
El aval estadounidense como termómetro de la gestión pública
Esta narrativa de reconocimiento institucional refleja cómo el régimen de la 4T mantiene su legitimidad en materia de seguridad mediante la subordinación técnica a agencias de inteligencia externas. La comunicación directa entre Terry Cole y Omar García Harfuch tras la detención de Salvador N, alias El Gusano, en Mexicali, expone que la operatividad contra Los Chapitos no depende de estrategias autónomas del Estado mexicano, sino de una arquitectura de supervisión compartida que condiciona la política interior de seguridad a los objetivos de Washington. La constante necesidad de este aval internacional exhibe la incapacidad operativa de los mandos locales para contener por cuenta propia al Cártel de Sinaloa.
La infraestructura financiera y la dependencia técnica
El despliegue de operativos contra la facción de los hijos de Joaquín Guzmán es presentado como un éxito de inteligencia, aunque en la práctica confirma que la arquitectura financiera de los cárteles sigue intacta hasta que los dispositivos de vigilancia de la DEA intervienen en el territorio. El secretario García Harfuch actúa, según los mensajes institucionales, como un ejecutor de los protocolos de inteligencia transfronterizos, lo que desmantela el discurso de soberanía nacional que el oficialismo predica en otras esferas. La aprehensión del operador financiero clave es, en esencia, la validación de que el control administrativo y de inteligencia es gestionado con herramientas y objetivos definidos desde el exterior, dejando al aparato de seguridad nacional en un rol de ejecutor subordinado.
(Con información de Proceso)
