CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (XPFM).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció un creciente hostigamiento y persecución administrativa contra personas juzgadoras que han emitido resoluciones contrarias o críticas al proceso de Reforma Judicial, y advirtió que el uso de procedimientos disciplinarios por el contenido de las sentencias puede poner en riesgo la independencia judicial.
En un comunicado fechado este 14 de septiembre, la organización expresó su respaldo a decenas de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto en activo como en retiro forzado, que enfrentan procedimientos ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Según la JUFED, existen al menos 20 procedimientos disciplinarios relacionados con casos en los que las personas juzgadoras otorgaron suspensiones o resoluciones de amparo frente a actos vinculados con la reforma.
Uno de los casos señalados es el de la exjueza María Gabriela Ruiz Márquez, de Jalisco, a quien el Tribunal de Disciplina Judicial admitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de la sentencia que dictó en el juicio de amparo 1338/2024, promovido por trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Para la asociación, el expediente ejemplifica lo que considera una respuesta disciplinaria frente al contenido de una resolución judicial.
La JUFED también menciona a la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien previamente enfrentó señalamientos y denuncias después de dictar suspensiones relacionadas con el proceso legislativo de la Reforma Judicial. La organización sostiene que ambas situaciones forman parte de un patrón más amplio en el que decisiones adoptadas dentro de las facultades constitucionales de los juzgadores terminan convirtiéndose en materia de investigación o sanción.
El punto central del señalamiento del organismo es evidenciar que el castigar a una persona juzgadora por el sentido de una sentencia puede transformar a los órganos disciplinarios en instancias de revisión de decisiones judiciales desde criterios políticos o ideológicos. JUFED afirma que esta práctica contraviene estándares internacionales sobre independencia judicial y garantías para quienes imparten justicia.
La organización asegura además que las presiones no se limitan a los procedimientos administrativos. Afirma que también se han presentado denuncias penales contra personas juzgadoras por resoluciones relacionadas con la Reforma Judicial o por decisiones como la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento de una sentencia de un tribunal internacional.
Para la JUFED, el problema trasciende los expedientes individuales: el temor a enfrentar represalias por una sentencia puede generar autocensura dentro de la judicatura.
En lugar de corregir las deficiencias que atribuye al nuevo modelo, sostiene, los procedimientos disciplinarios pueden terminar inhibiendo decisiones independientes y debilitando las garantías que deben proteger tanto a jueces como a ciudadanos.
La asociación reiteró que la independencia judicial exige protección frente a cualquier represalia derivada del contenido de las resoluciones. Su advertencia ocurre en un momento particularmente delicado para el Poder Judicial, después de una reforma que modificó de manera profunda su estructura y mecanismos de integración. Para JUFED, defender a los juzgadores perseguidos por sus decisiones equivale a defender también las libertades y el derecho de los ciudadanos a contar con una justicia independiente.
