• El decreto aprobado por Morena y aliados reinterpretó que las expresiones hechas durante la veda electoral por servidores públicos no representaban propaganda gubernamental, mientras no se usaran recursos públicos.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 08 (XPFM).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la invalidez del decreto aprobado por el Congreso en marzo de este año, que reinterpretaba el concepto de propaganda gubernamental establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, y permitía a funcionarios públicos hacer declaraciones sobre procesos electorales.
Es de recordar que esta aprobación se dio luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a diversos gobernadores pertenecientes a Morena, que bajaran de sus redes sociales un desplegado a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado cuando el proceso electoral de la revocación de mandato ya había comenzado.
El Congreso, de mayoría morenista, reinterpretó que las expresiones hechas durante la veda electoral por servidores públicos sancionados no representaban propaganda gubernamental, mientras no se usaran recursos públicos. “Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”, establecía.
Por esta razón, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad, presentadas por partidos políticos y minorías legislativas de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, en las que impugnaron el Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicado el 17 de marzo de 2022.
Al respecto, el máximo tribunal del país declaró su invalidez, al estimar que resultaba contrario al artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General que establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Lo anterior, pues el Decreto interpretativo impugnado establecía modificaciones legales fundamentales en normas sobre propaganda gubernamental, imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, así como en la aplicación de sanciones y, además, fue publicado durante el periodo de veda legislativa de diversos procesos electorales locales, así como estando en curso el pasado proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.
Las acciones de inconstitucionalidad 46/2022 y sus acumuladas 49/2022, 51/2022 y 53/2022 fueron promovidas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como diversos diputados y senadores, integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.
