Un helicóptero de la Guardia Estatal de Tamaulipas disparó contra un vehículo familiar en Matamoros el 29 de octubre, matando a una niña de siete años durante la captura de un operador del Cártel del Golfo.
La fiscalía confirma que el disparo mortal provino del aire
Las pericias balísticas y los testimonios recabados por la fiscalía estatal apuntan directamente hacia la aeronave oficial como el origen del proyectil que privó de la vida a la menor.
Claudia Pardo García relató los momentos de terror que vivió junto a su esposo y sus cinco hijos cuando la aeronave oficial sobrevoló la camioneta en la que se trasladaban por un camino rural en Matamoros. La familia intentaba regresar a su domicilio tras esquivar una serie de bloqueos carreteros perpetrados por células criminales que buscaban obstaculizar la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias El Titán, un objetivo prioritario e hijo de un líder histórico del Cártel del Golfo. La madre de familia aseguró que el helicóptero volaba a escasos siete metros de distancia, lo que permitía una visibilidad plena de los tripulantes hacia el interior del vehículo civil, descartando cualquier confusión operativa en la zona de conflicto.
Ante la presencia intimidante de la unidad aérea, el padre de familia detuvo la marcha, descendió del automotor y alzó las manos en señal de paz para evidenciar que se trataba de un núcleo familiar ajeno a las hostilidades. Sin embargo, en cuestión de segundos, los disparos comenzaron a impactar la carrocería, alcanzando de manera certera la cabeza de la pequeña Aranza Aidelany Pardo, de nacionalidad mexicana y estadounidense. La mujer, quien también resultó lesionada en la pierna izquierda por el fuego cruzado, cayó al pavimento mientras intentaba proteger a sus hijos en medio del operativo militarizado y policial desplegado en la franja fronteriza con Brownsville, Texas.
Indiferencia institucional y víctimas colaterales en la región
El despliegue operativo dejó un saldo de seis fallecidos en el municipio fronterizo, evidenciando una vez más el riesgo letal que enfrentan los civiles frente al uso desproporcionado de la fuerza pública.
Tras el ataque perpetrado por los elementos de seguridad estatal, los menores sobrevivientes lograron huir conduciendo la camioneta hacia el domicilio de un familiar, mientras el cuerpo de la menor permaneció a la intemperie durante cuatro horas ante la tardanza de más de dos horas de los servicios médicos de emergencia. La madre solicitó su alta médica voluntaria de manera inmediata para poder despedir y sepultar a su hija, en un caso que se suma a la larga lista de abusos e indagatorias abiertas contra corporaciones de seguridad en el país, como el proceso iniciado en abril contra trece militares por el homicidio de dos menores en Sinaloa.
Por su parte, el fiscal del estado, Jesús Govea, confirmó que ya se tomaron declaraciones ministeriales a los testigos presenciales y se analizan tanto los videos de cámaras de seguridad como los restos balísticos para fincar responsabilidades penales a los policías estatales que accionaron sus armas desde el helicóptero. Mientras el gobierno de Tamaulipas cubre de forma temporal los gastos funerarios y médicos para mitigar el impacto del crimen, la familia afectada mantiene contacto con representantes del Buró Federal de Investigaciones y del consulado estadounidense para exigir justicia por el homicidio de la menor en territorio mexicano.
(Con información de The Associated Press)
