CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (XPFM).- Greenpeace México reforzó su rechazo a la construcción de la planta de amoniaco proyectada en Topolobampo, Sinaloa, al advertir que su operación representaría un riesgo para la salud pública, la biodiversidad de la Bahía de Ohuira y las actividades económicas de comunidades que dependen de ese ecosistema.
La organización ambientalista informó que se sumó a la defensa impulsada por comunidades indígenas Mayo-Yoreme y diversos colectivos locales que buscan detener la obra promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa filial del consorcio suizo-alemán Proman.
De acuerdo con Greenpeace, el proyecto contempla producir hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, sustancia que puede generar impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos, el suelo y la calidad del aire.
Entre las principales preocupaciones señaladas por la organización se encuentra el posible deterioro de la Bahía de Ohuira, un humedal reconocido como Sitio Ramsar de importancia internacional.
Greenpeace alertó que la construcción y operación de la planta podría afectar especies marinas como ballenas, delfines, peces y moluscos, además de alterar un área considerada clave para la reproducción de diversas especies.
Como parte de su estrategia para frenar el proyecto, la ONG envió cartas a la dirección de Proman y al banco alemán KfW IPEX-Bank para solicitar el retiro del respaldo financiero y la suspensión de las obras. La empresa, por su parte, propuso sostener una reunión con representantes de Greenpeace el próximo 27 de julio con el objetivo de atender las observaciones ambientales y sociales planteadas por la organización.
Pese a la apertura de ese diálogo, Greenpeace reiteró su demanda al Gobierno federal para cancelar definitivamente la planta de amoniaco y detener la autorización de nuevos proyectos relacionados con combustibles fósiles que, a su juicio, comprometen la conservación ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
El posicionamiento revive la controversia en torno a uno de los proyectos industriales más discutidos del noroeste del país, donde organizaciones civiles y comunidades indígenas mantienen un conflicto con la empresa promotora por los posibles impactos ambientales, mientras los impulsores de la inversión sostienen que la obra generará desarrollo económico y empleos para la región.
