Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, acudió a la Oficialía de Partes Común de la delegación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para solicitar la atracción de la investigación sobre el homicidio de su esposo, Carlos Manzo, perpetrado hace diez meses. La funcionaria municipal argumentó que existen indicios sólidos sobre la participación de la delincuencia organizada en el crimen, lo que desplaza la competencia al ámbito federal, además de manifestar una abierta desconfianza hacia la Fiscalía General del Estado de Michoacán debido a omisiones e intentos de manipulación en el proceso.
La nula confianza institucional en la fiscalía Michoacana
La gestión de la fiscalía estatal quedó totalmente desacreditada ante la negativa de las autoridades locales para entregar copias completas de la carpeta de investigación a la defensa de la víctima indirecta. El equipo legal encabezado por el abogado Víctor Zúñiga denunció que la dependencia estatal mantiene una postura parcial e incluso conveniente ante los hechos, señalando que la falta de resultados y el estancamiento de las indagatorias locales obligan a la federación a intervenir de manera inmediata. La viuda y presidenta municipal enfatizó que la carpeta en el ámbito estatal se encuentra prácticamente cerrada por órdenes de un fiscal que agotó las líneas de detención sin esclarecer el fondo del asunto, lo que evidencia el fracaso operativo del régimen en materia de procuración de justicia a nivel local.
El trasfondo político y la sombra de la delincuencia organizada
La intervención de la delincuencia organizada en el asesinato de Carlos Manzo constituye el eje central que justifica la competencia federal sobre el caso, dejando en evidencia la incapacidad operativa de los gobiernos emanados de la cuarta transformación para contener la violencia criminal en los municipios. Mientras la fiscalía local requiere información sobre Yesenia Martínez, exsecretaria particular del exalcalde y quien ha señalado directamente a Grecia Quiroz en el caso, la defensa sostiene que la instancia estatal busca incriminar de manera dolosa a la viuda para desviar la atención de las verdaderas estructuras criminales coludidas. La alcaldesa descartó tintes partidistas en su gestión ante la presidencia de la república, aunque reconoció la apertura del secretario Omar García Harfuch, manteniendo su exigencia de que la justicia federal asuma el control total para evitar la politización y la impunidad que imperan en el estado de Michoacán.
(Con información de Apro)
