CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (XPFM).- Después de permanecer durante años fuera del escrutinio público en materia patrimonial, el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló una amplia fortuna integrada por propiedades en México, España y Estados Unidos, vehículos de lujo, obras de arte, joyas e inversiones financieras nacionales e internacionales. La información se conoció únicamente después de que abandonó la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir la embajada de México en el Reino Unido.
La declaración patrimonial presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno muestra que el exfuncionario posee 13 bienes inmuebles, entre ellos diez casas, un departamento, un terreno y un edificio. Destacan propiedades adquiridas en el extranjero, como una residencia en Estados Unidos financiada mediante un crédito hipotecario y un departamento en Madrid valuado originalmente en un millón de euros.
La revelación reavivó cuestionamientos sobre la opacidad que caracterizó la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR. Durante casi siete años como fiscal general, su información patrimonial permaneció fuera del alcance de la ciudadanía debido al régimen de autonomía de la institución, lo que impidió conocer con detalle el alcance de su patrimonio mientras encabezaba una de las dependencias encargadas de combatir los delitos de corrupción en el país.
La declaración confirma además información que había sido difundida previamente por investigaciones periodísticas. En 2022, el diario español El País documentó la existencia de propiedades vinculadas al entonces fiscal en España, incluidas viviendas en Ibiza y un departamento en una de las zonas más exclusivas de Madrid. En aquel momento, las revelaciones generaron dudas sobre la magnitud de sus activos y sobre la falta de transparencia respecto de sus bienes.
El inventario patrimonial también incluye artículos de alto valor económico. Gertz reportó joyas, relojes y monedas por más de 18 millones de pesos, obras de arte valuadas en ocho millones y una colección de muebles, tapetes y libros que supera los dos millones de pesos.
Aunque gran parte de estos bienes fueron reportados como herencias familiares, su cuantía vuelve a colocar bajo la lupa el nivel de riqueza acumulado por uno de los funcionarios más poderosos del país en los últimos años.
En materia automotriz, la declaración exhibe una afición por los vehículos de colección y de lujo. Entre ellos aparecen dos Rolls-Royce, incluido un modelo Wraith adquirido en 2020 por 2.7 millones de pesos, además de automóviles clásicos de las marcas Cadillac, Mercedes-Benz, Ford y Dodge. La lista contrasta con el discurso de austeridad promovido desde el gobierno federal durante los últimos años.
A ello se suman cuentas bancarias e inversiones en instituciones financieras de México, España, Suiza y Estados Unidos. El exfiscal reportó operaciones con bancos como HSBC, BBVA, Scotiabank, Actinver, Bankinter y Credit Suisse, así como activos financieros vinculados a mercados internacionales.
La publicación de esta información ocurre en un contexto particularmente sensible. La salida anticipada de Gertz Manero de la FGR estuvo rodeada de controversia jurídica debido a que fue designado para un periodo de nueve años que concluiría en 2028. Sin embargo, dejó el cargo en noviembre de 2025 para asumir una representación diplomática propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversos especialistas señalaron entonces que la legislación establece que la renuncia de un fiscal general sólo puede proceder por una causa grave, condición cuya interpretación generó un intenso debate político y legal.
Más allá de la legalidad de los bienes reportados, la divulgación tardía de su patrimonio ha reabierto una discusión de fondo: la necesidad de que los altos funcionarios encargados de procurar justicia estén sujetos a mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas durante el ejercicio de sus cargos, y no únicamente una vez que abandonan posiciones de poder. Para diversos sectores, el caso evidencia los límites que tuvo la supervisión pública sobre quien encabezó durante años la institución responsable de investigar los delitos federales en México.
