CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (XPFM).- La situación judicial de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, dio un nuevo giro luego de que autoridades estadounidenses aceptaran incorporarlo como testigo cooperante dentro de la investigación que enfrenta por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información, publicada por El Universal, atribuida a fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario ya proporcionó datos preliminares a las autoridades federales, como parte de un posible acuerdo de cooperación.
Aunque todavía no recibe formalmente el estatus de testigo protegido, la posibilidad permanece abierta en caso de que se determine que su integridad física corre riesgo.
Mérida Sánchez compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos en su contra. Tras su captura el pasado 11 de mayo, fue trasladado bajo custodia del US Marshals Service hacia el Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que llevará el proceso judicial.
El expediente del exmando policial fue abierto inicialmente en Arizona bajo el registro S9 23 Cr. 180; sin embargo, el caso quedará radicado en Nueva York. Actualmente aparece registrado dentro del sistema de la Agencia Federal de Prisiones en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, identificado con el número 62685-512.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el general retirado no opuso resistencia al momento de ser asegurado y aceptó ser enviado directamente al distrito acusador sin disputar ni la entrega ni su identidad ante las autoridades estadounidenses, lo que aceleró el inicio del procedimiento penal en su contra.
El avance del caso ocurre apenas días después de que un juez federal en Michoacán le otorgara un amparo que buscaba impedir una posible detención y eventual extradición hacia Estados Unidos.
A pesar de ello, el exsecretario ingresó por cuenta propia al país vecino desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la Garita de Nogales, Arizona, donde finalmente quedó bajo custodia federal.
La investigación contra Mérida Sánchez se suma a la creciente presión política y judicial sobre el entorno cercano al gobernador Rocha Moya, mientras autoridades estadounidenses amplían las indagatorias sobre presuntas redes de colaboración entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales ligadas al Cártel de Sinaloa.
