Después de varias semanas de incertidumbre sobre el paradero del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani a causa de su encarcelación y enfrentar una posible pena capital, medios locales han dado a conocer que el deportista ha sido sentenciado a 26 años de prisión con cargos que de acuerdo a las autoridades lo involucran en la muerte de tres integrantes de las fuerzas de seguridad en Irán.
Desde el pasado 12 de diciembre, en plena recta final de la Copa del Mundo de Futbol en Qatar, el Sindicato Internacional de Jugadores de Futbol Profesional (FIFPRO) visibilizó la situación de Amir Nasr-Azadani, generando la condena global tanto del mundo del balompié como de la opinión pública en general.
La situación del futbolista generó la movilización a varios niveles, incluida una petición a través de la plataforma Change.org, la cual alcanzó casi los dos millones de firmas con el objetivo de presionar al gobierno iraní para dar marcha atrás en su intención de ejecutar a Amir Nasr-Azadani, en una iniciativa que alcanzó casi dos millones de firmas.
De acuerdo a la información recopilada, el futbolista iraní es señalado por participar en el asesinato del coronel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Esmaeil Cheraghi, así como los integrantes de la fuerza paramilitar iraní Basij, Mohammed Hossein Karimi y Mohsen Hamidi en la ciudad de Isfahan.
No obstante, desde un inicio, dichas acusaciones han sido cuestionadas por diversos colectivos iraníes en el exilio que aseguran que Amir Nasr-Azadani, quien había estado activo en diversas manifestaciones, nunca estuvo presente en la zona donde fallecieron los integrantes del IRGC y el Basij, sin contar que el testimonio de los inculpados ha sido forzado y bajo tortura.
Además de la sentencia a 26 años para Amir Nasr-Azadani y derivado de ese mismo caso, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi y Saeed Yaghoubi fueron condenados a la pena de muerte acusados del delito de moharebe o “Enemistad con Dios”, previsto en la Sharía, la ley que rige en Irán y que ha sido endurecida bajo el gobierno del presidente Ebrahim Raisi y el jefe supremo del Estado Islámico, Alí Jamenei.
Irán está a punto de cumplir su cuarto mes de protestas luego de la muerte de Mahsa Amini, una jóven de 22 años de edad que falleció bajo custodia después de ser detenida por la ‘Policía de la Moral’ debido a que no portaba el hiyab (velo) de manera adecuada.
Desde entonces, un estimado que supera las 500 personas han muerto en las revueltas a manos de las fuerzas del orden, con más de 18,000 detenidos y 17 sentenciados a la pena capital, de los cuales, Mohsen Shekari y Majidreza Rahnavard fueron ejecutados en diciembre, mientras que Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini tuvieron el mismo destino en la primera semana del año.
