CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (XPFM).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz intensificó su ofensiva judicial contra autoridades municipales al solicitar al Congreso local el retiro del fuero constitucional de dos alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser sometidos a procesos penales. Estas acciones colocan bajo escrutinio a gobiernos municipales en la etapa inicial de sus administraciones.
El primer caso corresponde al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, cuyo desafuero ya recibió un dictamen favorable por parte de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso. Con ello, el expediente será enviado al Pleno, donde los diputados decidirán si el edil pierde la inmunidad procesal que le otorga el cargo y puede ser llevado ante la justicia.
Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva el contenido de la investigación, la solicitud de declaración de procedencia implica que el Ministerio Público considera contar con elementos suficientes para iniciar un proceso penal. La falta de información pública sobre los hechos que motivan la petición también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia con la que se desarrollan este tipo de procedimientos.
En paralelo, la FGE promovió una segunda solicitud de desafuero contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su colaborador Ignacio López. Ambos fueron vistos por última vez el 14 de mayo, luego de acudir al domicilio del presidente municipal en Barra de Chachalacas, y desde entonces permanecen desaparecidos.
La coincidencia de dos solicitudes de desafuero contra alcaldes del mismo partido político coloca a Movimiento Ciudadano en una situación de presión política y judicial en Veracruz. Al mismo tiempo, exhibe la gravedad de las investigaciones abiertas contra autoridades municipales en un estado donde la violencia, las desapariciones y las denuncias por presuntos vínculos entre funcionarios y actividades ilícitas han mantenido un clima permanente de preocupación.
Hasta ahora, ni la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano ni los alcaldes señalados han emitido una postura oficial sobre los procedimientos. Mientras el Congreso define si retira el fuero a ambos ediles, el caso pone sobre la mesa la exigencia de que las investigaciones se conduzcan con apego a la ley, pero también con transparencia y sin que la inmunidad constitucional se convierta en un obstáculo para esclarecer hechos que involucran a autoridades públicas.
