La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha formalizado ante el Congreso local dos solicitudes de declaración de procedencia contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, edil de Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, para retirarles la inmunidad procesal por presuntos vínculos delictivos.
El colapso institucional en la gestión de Ixhuatlán del Sureste
El procedimiento contra Raúl González Martínez se deriva de una investigación por la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.
La carpeta de investigación contiene testimonios que señalan una presunta colusión entre el alcalde y actores de la delincuencia organizada. Según los datos ministeriales, el funcionario habría solicitado la retención de la periodista tras la supuesta existencia de una fotografía donde se le observa portando un arma larga.
- Estatus legal: Ocho personas ya han sido vinculadas a proceso por este caso, incluyendo a cuatro elementos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste.
- Derecho vigente: El alcalde mantiene su derecho a la presunción de inocencia, ya que no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad penal definitiva.
Riesgo procesal en Úrsulo Galván por desaparición forzada
La segunda solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía recae sobre Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, señalado en el marco de la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.
La última ubicación registrada de ambas personas fue en Barra de Chachalacas, el pasado 14 de mayo. Estos hechos, bajo investigación ministerial, forman parte del expediente que la Comisión Instructora deberá desahogar para determinar la procedencia de la acción penal.
El proceso legislativo bajo control de Morena
La Comisión Permanente Instructora, responsable de definir el futuro político de los munícipes, está integrada por una mayoría afín al partido oficialista:
- Facundo Fernández de la Cruz (Morena): Presidente.
- Ramón Díaz Ávila (Partido del Trabajo): Secretario.
- Felipe Pineda Barradas (Morena): Vocal.
Tras la notificación oficial realizada por Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva, los ediles cuentan con un plazo estricto de siete días para ejercer su derecho de defensa por escrito o mediante comparecencia. Posteriormente, los legisladores procederán al análisis de pruebas y alegatos para dictaminar si el caso llega al Pleno, donde se requerirá una mayoría calificada de dos terceras partes para concretar el desafuero.
