La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó formalmente a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, la entrega de los teléfonos celulares que pertenecieron a Carlos Manzo Rodríguez, quien fuera edil del municipio hasta su asesinato el 1 de noviembre de 2025. Este requerimiento judicial ocurre nueve meses después del homicidio, tras las declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del occiso, y la presión ejercida por Juan Manzo, hermano de la víctima, quien sostiene que al menos uno de los aparatos estuvo presente en la escena del crimen.
El giro en la investigación estatal tras meses de omisión
La solicitud de la fiscalía marca un contraste notable con la postura adoptada el pasado 3 de junio por el entonces fiscal estatal, Carlos Torres Piña, quien calificó de irrelevante la obtención de los dispositivos móviles al argumentar que el curso de las investigaciones no los requería. La dependencia justifica ahora el requerimiento bajo el argumento de procesar los equipos pericialmente para lograr el esclarecimiento integral de los hechos, fundamentando esta actuación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las disposiciones constitucionales vigentes.
Acusaciones de complicidad y filtración de agenda
La presión política y judicial sobre Grecia Quiroz se intensificó tras los señalamientos de Yesenia Méndez, quien sostiene que la alcaldesa introdujo al círculo íntimo del finado edil a Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento. Este último se encuentra actualmente bajo proceso judicial señalado por presuntamente filtrar la agenda de trabajo de Carlos Manzo, acción que facilitó su ejecución. Méndez afirma que Quiroz protegió a Samuel N. mediante un incremento salarial posterior al homicidio, sugiriendo un vínculo jerárquico donde el funcionario reportaba los movimientos del munícipe directamente a la actual presidenta municipal.
Exigencia de atracción federal y sospechas de lucro político
El entorno familiar de la víctima ha escalado el caso hacia el ámbito federal ante la desconfianza en las actuaciones locales. Juan Manzo se reunió en la Ciudad de México con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con el objetivo explícito de que la instancia federal atraiga la investigación. Además de cuestionar la relación personal que mantenía la alcaldesa con el finado, el hermano del exedil ha denunciado públicamente que la administración municipal ha intentado capitalizar políticamente el homicidio para beneficio de su propia agenda. Ante estas nuevas declaraciones, Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, confirmó que la institución deberá agotar todas las líneas de investigación derivadas de la información aportada por Méndez, sin descartar actos procesales que involucran directamente a la alcaldesa.
El discurso de persecución política frente al colapso de gestión
Frente a los requerimientos ministeriales, Grecia Quiroz García ha optado por una narrativa de victimización, denunciando a través de sus redes sociales una supuesta campaña para removerla del cargo. La edil sostiene que los actores políticos que adversan a su gestión recurren a auditorías, denuncias, recortes presupuestales y ataques sistemáticos ante la supuesta caída de sus cifras en las encuestas de preferencia electoral. Quiroz ha anticipado a su audiencia la posibilidad de acusaciones fabricadas con la intención de encarcelarla, buscando invalidar la acción de la justicia bajo el argumento de una estrategia de desprestigio orquestada desde sectores que pretenden quitarla del camino político.
(Con información de Apro)
