La Fiscalía General de la República realizó una incursión en el rancho Los Jabines en Champotón, Campeche, desatando acusaciones de trabajadores por presuntos abusos de autoridad y la fabricación de un escenario delictivo vinculado al robo de hidrocarburos.
El reclamo contra los excesos de la fuerza federal
Los trabajadores del predio agrícola denunciaron que durante la diligencia efectuada el 22 de agosto, los elementos de seguridad emplearon tácticas de intimidación que incluyeron apuntar con armas de fuego a mujeres y menores de edad presentes en la propiedad. Según las declaraciones de quienes laboran en la zona, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional incurrió en extorsiones contra los campesinos, además de ejecutar un despojo arbitrario bajo el pretexto de una supuesta operación de huachicol que los empleados niegan categóricamente.
La narrativa oficial frente a la defensa del patrimonio
La Fiscalía General de la República reportó el aseguramiento de un arsenal que incluye ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de la incautación de 5 mil 912 litros de hidrocarburo y 3 mil litros de gasavión. A esto se suma el decomiso de 61 vehículos terrestres, dos visores nocturnos y la cantidad de 777 mil 750 pesos en efectivo, además de cinco dólares estadounidenses. Los empleados del rancho señalan que estos insumos y el capital en efectivo corresponden a herramientas de trabajo, suministros legales para la siembra de sorgo, maíz y arroz, y el pago de nómina de los trabajadores, cuyo sustento económico ha quedado comprometido por el operativo.
El historial de supervisión del predio agrícola
La legitimidad del operativo se ve cuestionada por la propia trayectoria del rancho, ya que registros oficiales confirman que desde noviembre de 2025 existió una relación de coordinación técnica con la Agencia de Energía del Estado de Campeche. La entidad gubernamental brindó asesoría respecto a la legalidad de los permisos para el manejo de combustibles necesarios en las actividades de fumigación. Esta interacción previa contradice la narrativa de una operación clandestina que las autoridades federales intentan sostener mediante el despliegue de fuerzas armadas en instalaciones cuya documentación había sido revisada y validada por la autoridad estatal competente en fechas recientes.
(Con información de Apro)
