CIUDAD DE MÉXICO, mayo 04 (XPFM).- Lejos de disiparse, el escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sigue creciendo y exhibiendo fallas estructurales y excesos en el manejo de recursos públicos. La reciente investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que apunta a un posible desvío superior a los 13 mil millones de pesos, no solo amplía la dimensión del caso: refuerza la idea de que las irregularidades no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón.
El contrato bajo sospecha, asignado por adjudicación directa en 2019 a la empresa Inmobiliaria Terbix, prometía mantenimiento de infraestructura en 29 estados. En los hechos, la ejecución fue prácticamente nula.
La evidencia oficial apenas registra la instalación de dos estructuras metálicas, una inconclusa, lo que evidencia una brecha difícil de justificar entre lo pagado y lo realmente realizado. El caso apunta a mecanismos deliberados de simulación.
Este nuevo señalamiento se suma a un historial que ya acumula al menos siete procesos penales. A pesar de detenciones como las de Hugo Buentello en 2025 y René Gavira en 2023 —este último vinculado a un presunto desfalco superior a los 20 mil millones de pesos—, el avance de las investigaciones no ha logrado disipar la percepción de impunidad ni esclarecer el destino total de los recursos.
Los informes de la Auditoría Superior de la Federación han documentado un daño patrimonial que rebasa los 15 mil millones de pesos, derivado de prácticas reiteradas: contratos simulados, empresas fantasma y operaciones financieras sin sustento. Sin embargo, incluso estas cifras han sido matizadas por autoridades, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la voluntad real de dimensionar el problema.
El impacto del caso va más allá del ámbito legal. Segalmex fue concebida como un instrumento clave para garantizar alimentos accesibles a sectores vulnerables; hoy, su nombre está más asociado al desvío de recursos y corrupción que a su objetivo social.
La respuesta institucional —desmantelar su estructura y trasladar funciones a Diconsa y Liconsa— ha sido interpretada más como una medida de contención política que como una solución de fondo.
En el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, la reconversión del organismo en Alimentación para el Bienestar busca cerrar el capítulo. No obstante, el rediseño ocurre sin que se haya esclarecido completamente el alcance de las irregularidades ni se haya recuperado la mayor parte de los recursos.
La pregunta de fondo persiste: si el esquema permitió un desfalco de esta magnitud una vez, ¿qué garantiza que no pueda repetirse bajo un nuevo nombre?
Fuentes: Reforma/El Financiero
