CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (XPFM).- A pesar de que la FGR cometió errores legales al intentar quedarse con una residencia de Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra jueces y el Poder Judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación.
Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso.
Expuso que Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero, bajo el que la FGR entabló la demanda, no estaba previsto en ese entonces en la Constitución, sino hasta 2019 cuando se expidió la Ley de Extinción de Dominio.
En la mañana, como en otras ocasiones, el Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores que, indicó, no entienden lo que es la justicia.
“De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia”.
Dijo que los jueces aprovechan cualquier error técnico, que en este caso consistió en que la FGR buscó aplicar la Ley de Extinción de Dominio cuando resultaba improcedente.
“Estamos enfrentando a diario todo esto, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, (que) está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla”, declaró.
En Oaxaca, López Obrador recordó que aún no hay acuerdo con el ex director de Pemex sobre la reparación del daño por el caso Agronitrogenados.
“No hay todavía un acuerdo, nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo y hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares, devolver y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por esos términos no se ha concedido la libertad condicionada porque no hay ese arreglo”.
El proceso legal fallido de la FGR
Tras detallar los antecedentes del caso, la jueza consideró que la defensa del exdirector de Pemex encabezada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso tenían razón al considerar que la extinción del dominio en los términos planteados por la FGR no era procedente.
Lo anterior bajo el argumento de que la casa, ubicada en Calle Ladera número 20 fraccionamiento Lomas de Bezares, fue adquirida en 2012. Aun cuando dicha propiedad se hubiera comprado con dinero de origen ilícito lavado en el sistema financiero –lo que no está probado– en esa época este delito no figuraba en la lista de aquellos por los cuales se podría pedir la extinción de dominio contenidos en el artículo 22 de la Constitución.
Fue hasta el 2019 cuando se hizo la reforma constitucional para que se incluyera el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como causa de extinción, y en agosto de ese mismo año se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aunque en 2021 – fecha de la solicitud de extinción de la FGR – estas normas ya estaban vigentes, la casa fue adquirida varios años antes.
“En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en dos mil doce, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia”, concluyó la jueza.
La casa de Lozoya se ubica en el conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera en Lomas de Bezares, y fue comprado por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.
La propiedad estaba asegurada en el proceso del caso Agronitrogenados, en el que se imputaba a Lozoya un supuesto lavado de 3.5 millones de pesos, sin embargo, dicho procedimiento y aseguramiento quedaron sin efecto.
Eso sucedió el pasado 31 de agosto, cuando el Juez de control Gerardo Alarcón López dictó la suspensión condicional de ese proceso, porque consideró que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya estaba pagando una reparación del daño de 216 millones de dólares y eso impactaba en forma solidaria en favor del ex director de Pemex.
Existe otra demanda de extinción de dominio que promovió la FGR para apropiarse de la residencia de Ixtapa Zihuatanejo, comprada en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya y evadida de la justicia por lavado.
Informacion de emeequis
