Tras una audiencia inicial de 14 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para Jorge Luis ‘P’ y Estrellita ‘M’ por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.
Implicados bajo resguardo judicial
Los acusados permanecerán recluidos en el penal de Altamira mientras avanza la etapa procesal iniciada por la Fiscalía.
La jueza de control impuso la medida cautelar tras evaluar los elementos presentados en una jornada judicial extendida. La asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores García, comunicó que la reserva de detalles sobre lo acontecido en la sala es obligatoria por instrucción judicial para blindar el debido proceso y no comprometer la integridad de la investigación.
La defensa frente a la carga probatoria
La Fiscalía General de Justicia del Estado sustentó la solicitud de vinculación a proceso mediante un volumen crítico de datos de prueba recabados en coordinación con la Policía de Investigación.
La estrategia legal de los imputados optó por la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. Los detalles cronológicos del proceso son:
- Suspensión de la audiencia: Se reanudará formalmente el 30 de julio a las 9:00 horas.
- Definición jurídica: En dicha fecha se determinará si existen elementos suficientes para la vinculación a proceso.
- Derecho constitucional: La defensa técnica argumentó la ampliación bajo las garantías legales vigentes, proceso que la representación de la víctima calificó como un ejercicio estándar sin impacto en la solidez de las pruebas presentadas.
Silencio de las autoridades frente a la indagatoria
La postura institucional de la Fiscalía sobre la existencia de órdenes de aprehensión adicionales permanece bajo reserva, trasladando la responsabilidad de cualquier confirmación oficial exclusivamente a la dependencia estatal.
Por su parte, la familia de Dafne Zapata Quintos, representada por Gabriel Zapata, ha declinado emitir declaraciones públicas, manteniendo una postura de contención ante la etapa actual del litigio penal y la carga burocrática del caso.
