El organismo internacional considera que México debe cambiar incluso su Constitución para apegarse a las leyes internacionales de derechos humanos.
SAN JOSÉ, julio 7 (XPFM). -La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) exigió de nueva cuenta la eliminación de la prisión preventiva y el arraigo a México por el caso Tzompaxtle Tecpile y otro, al considerarlo violatorio a lo estipulado en la convención internacionales y a la cual nuestro país se apegó.
La CIDH exigió a México dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad; incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad para fines investigativos.
La solicitud del organismo interamericano es un llamado al Gobierno de México a modificar su Constitución, que al permitir que el uso de la prisión preventiva oficiosa está violando los derechos humanos y por lo mismo tiene un defecto.
Los expertos especialistas de la CIDH explicaron que cuando se solicita a los jueces, magistrados y órganos vinculados de administración de la justicia en todos los niveles, a aplicar estas medidas, éstos deben usar un poder denominado “control de convencionalidad” de manera obligatoria.
En dicho poder se debe tomar en cuenta las obligaciones de México de respetar la Convención y las interpretaciones de la CIDH respecto de estas medidas cautelares.
“En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”, señaló la CIDH.
México es el único país en el continente que encarcela a las personas sospechosas de crímenes graves antes de realizar una investigación y en algunos casos los individuos pueden estar presos más de dos años sin un juicio y sin que se presenten pruebas concretas en su contra.
Además, las personas pueden llevar sus procesos en prisión en estados diferentes y lejanos en los que cometieron o supuestamente cometieron los delitos de los que se les acusa, lo que genera dificultades para llevar sus procesos.
