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ES CEFERESO DE RAMOS ARIZPE SUCURSAL DEL INFIERNO

  • La directora del penal y su primer círculo de colaboradores son acusados de diversas violaciones a los derechos humanos y están bajo investigación de la FGR por el posible asesinato de un interno

Por Víctor Hugo Arteaga, Enviado Especial

Primera de Tres Partes

SALTILLO, Coahuila, (XPECTRO FM).- El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Ramos Arizpe, ubicado en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila, se ha convertido en un foco rojo de violaciones a los derechos humanos, de irregularidades graves e incluso espacio de un posible asesinato de un reo.

Sobre los funcionarios de la penitenciaria federal, que dirige Jetzael Martínez Cisneros, pesan al menos 46 procesos de denuncias lo mismo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que Fiscalía General de la República (FGR) y  Poder Judicial de la Federación (PJF).

Además, en la llamada popularmente “Sucursal del Infierno”, según una investigación periodística de XPECTRO FM, se indaga la muerte sospechosa del reo Agustín Martínez Torres, ocurrida el 8 de septiembre del 2022.

Las recomendaciones de la CNDH número 190/2022 y 19/2023 dan cuenta de las violaciones flagrantes que comete el personal de custodia contra los internos y los procesos de denuncia iniciados ante la CNDH, FGR y Poder Judicial de la Federación, muestran una descomposición institucional al interior del penal.

Las quejas contra de servidores públicos de la penitenciaria interpuestas ante la CNDH han aumentado de manera exponencial: de 26 recibidas en el segundo año de funcionamiento en 2019, pasó a 83 recibidas en el 2020, para aumentar a 180 para el 2021.

De los al menos 46 procesos, 31 son individuales y 15 son colectivos y de grupos en los que 283 internos acusaron a Martínez Cisneros y a otros funcionarios, como el jefe de los servicios médicos del penal, de graves irregularidades.

En el Cefereso 18 de Ramos Arizpe las atrocidades suceden todos los días: actos constitutivos de delito como tortura, abuso de autoridad, amenazas y lesiones entre otros.

Es el botón de muestra de cómo la corrupción y actos criminales suceden en el sistema penitenciario federal de México, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular de Centros Penitenciarios es Azael Ruíz.

XPECTRO FM tuvo acceso a documentos jurídicos en los que la directora del Cefereso, Jetzael Elena Martínez Cisneros, es señalada de ser ejecutora y cómplice de actos crueles y deshumanizados, así como amenazas e intimidaciones junto con su primer círculo de colaboradores.

Los nombres de los funcionarios del Penal Número 18 de Ramos Arizpe que son investigados, son los del director jurídico Juan Francisco Alfeirán Sánchez, la directora técnica encargada del despacho Gabriela Isabel Garza Báez, el director administrativo Oscar Enrique Díaz López.

Las autoridades también investigan a la directora de seguridad, la comandante Claudia Guadalupe Valdéz Cibrian, así como subalternos que ejecutan órdenes de posibles actos criminales en contra de los internos.

Existen cientos de denuncias contra la directora del penal Jetzael Martínez Cisneros

Caso Agustín Martínez, sospecha de asesinato

Una de las investigaciones abiertas en contra de las autoridades del Penal Federal de Ramos Arizpe y que los tiene en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), es el posible asesinato de Agustín Martínez Torres, un interno que murió de manera sospechosa en su bloque en septiembre del 2022.

La Carpeta de Investigación FED/COAH/SALT/0001042/2022 de la FGR y el Informe de Investigación Criminal con el Número de Oficio FGR/AIC/PFM/DGMM/UAIORCOAH/SALT/6565/2022 con fecha del 28 de octubre del 2022, dan cuenta de las anomalías criminales detectadas.

La FGR realiza una investigación criminal por su muerte, que fue reportada por un supuesto golpe en la cabeza, pero distintos estudios médicos revelaron que falleció por asfixia.

Las autoridades médicas penitenciaras al mando de Jetzael Martínez Cisneros, informaron en un principio que el interno debió ser hospitalizado por un traumatismo en la cabeza.

La versión de la directora de la penitenciaria, establecida en el trámite de inicio de una denuncia en contra de una de sus subordinadas, fue que el 8 de septiembre del 2022 se reportó vía radio y telefonía, que cerca de las 11:10 horas el interno fue encontrado tirado en su celda desmayado y sucio, por lo que fue enviado al área médica.

El paciente no se podía mantener en pie, tenía problemas para hablar, en estado somnoliento y con signos vitales que diagnosticaban un problema grave, por lo que fue trasladado al área de urgencias del Hospital General de Saltillo.

El Resumen Clínico del Hospital General de Saltillo firmado el 9 de septiembre, un día después de la muerte de Agustín Martínez, por el médico Arturo Iván Sánchez Bocanegra de la Jefatura de Coordinación-Urgencias, señaló que el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria.

De acuerdo a la nota de evaluación, el médico de traslado no le realizó resucitación cardiopulmonar, tampoco brindó apoyo de oxígeno, ni vía de canalizada. Las valoraciones de laboratorio descubrieron una falla renal y otra  falla hepática, que no tienen nada qué ver con el supuesto golpe leve que sufrió en la cabeza.

En el documento firmado por Jetzael Elena Martínez y que fue entregado a la FGR el 3 de octubre del 2022, se aseguró que el interno declaró que había caído de su cama y se golpeó la cabeza. Al tratar de reincorporarse se golpeó de nuevo la cabeza, por lo que se desmayó.

La Secretaría de Salud en Saltillo confirmó en el certificado de defunción con folio número 220080997 que la causa de muerte de Agustín Martínez Torres fue por asfixia y bronco aspiración, no por un traumatismo en la cabeza, ni a consecuencia de éste.

El reporte del Hospital General diagnosticó que Martínez Torres sufrió traumatismo craneoencefálico leve, hipotermia leve y pérdida de consciencia, generando un diagnóstico reservado, pero sin mencionar que los golpes en la cabeza tuvieran que ver con la asfixia que lo mató.

Casi dos meses después de la muerte de Martínez Torres, la directora del penal, Jetzael Martínez Cisneros, inició una denuncia en contra de la médico penitenciario coordinador, Esmeralda Molina, solicitando la investigación para buscar el esclarecimiento y descubrir si los actos de la médico pudieran ser constitutivos de probables delitos.

Sin embargo, Esmeralda Molina para esa fecha ya había sido cambiada al Cefereso Número 17 en Michoacán, según el oficio número  SSPC/PRS/CPF18/DG/08851/2022 del 22 de septiembre del 2022, dos semanas después de la muerte del reo.

El cambio de la médico penitenciario coordinador al Penal Federal de Michoacán fue ordenado por el Coordinador General de Centros Penitenciarios, el General de División Sergio Alberto Martínez Castuera.

La querella iniciada por la directora ocurrió después, no antes, de que la FGR abriera la investigación en la que se solicitaron los videos del módulo donde fue encontrado el interno fallecido y los nombres de los 18 celadores que estuvieron a cargo de la seguridad ese día.

La llaman “La Cancerbera del Infierno”

Cientos de historias de terror se cuentan desde el interior del penal federal de Ramos Arizpe que dirige Jetzael Martínez.

Uno de los subalternos de la directora acusado ante la FGR y, al que se le inició por lo menos un proceso jurídico, junto con varios de los colaboradores, es Juan Antonio Ilich Coronado Reyes, Supervisor de Seguridad Penitenciaria, señalado por internos de presuntamente introducir drogas al penal y negociarlas dentro.

Los reclusos denunciantes lo acusan de manipular a las pandillas, conocidas como “gangas”, para controlar la venta de drogas y ser el “cabecilla” de los custodios que forman parte del grupo encargado de cumplir con las órdenes, violatorias a los derechos humanos, realizadas por Jetzael Martínez y de otros funcionarios de alto rango y del equipo de custodia del Cefereso.

El sujeto es marcado por los reclusos como una pieza clave para que el Cefereso de Ramos Arizpe se ubique entre los primeros lugares de denuncias ante la FGR, la CNDH y el PJF.

La CNDH cada año realiza una evaluación a los centros penitenciarios del país llamado “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” y los dos últimos informes del Cefereso de Saltillo lo colocan más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación favorable.

De acuerdo al Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario Número 18 (CPS) Coahuila obtuvo una evaluación de 7.42 en el 2020 y de 7.19 en el 2021.

En el diagnóstico del 2020 la CNDH informó que el Cefereso de Coahuila tenía una capacidad para internar a 2 mil 620 reos y una población de mil 374 internos con una evaluación media y con tendencia a la baja, detectando fallas en varios aspectos.

Ramos Arizpe, Ejido Mesillas. 28/03/2019. Imagenes del CEFERESO que se encuentra en esta comunidad.

El organismo detectó fallas en rubros como garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además de insuficiencias de vías para remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

También fueron detectadas fallas graves en las condiciones de gobernabilidad del Centro, al observar insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.

Otro rubro en el que el penal de Ramos Arizpe presenta graves fallas es en la deficiente separación entre procesados y sentenciados, lo que afecta a la reinserción social.

La evaluación del año 2021 del Centro Penitenciario Federal conocido como Ramos Arizpe, mostró que también tuvo un nivel medio negativo con tendencia a la baja, pero con cerca de medio millar más de internos al alcanzar los mil 871 internos de una capacidad de 2 mil 864.

Para el 2021 no se presentaron mejorías en los rubros con fallas en el 2020 y sí un incremento al sumarse deficiencias en la atención a adultos mayores e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Violación sexual y tortura en el penal

El 30 de septiembre del 2022, cuando la CNDH emitió la recomendación 190/2022 salió a la luz una denuncia por una supuesta violación sexual, abuso de autoridad, lesiones, daño moral y sicológico, reconocida por parte de custodios del Cefereso 18.

El documento dirigido al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruíz Ortega, concluyó que hubo una violación grave a los derechos humanos de la persona interna.

Se determinó que la denuncia realizada el 11 de enero del 2022 por abuso sexual en contra de un recluso fue cierta y marcó responsabilidad de custodios del Cefereso de Saltillo.

La víctima refirió que el 4 de enero del 2022, elementos de Seguridad y Custodia realizaron una revisión en su módulo y un guardia encontró una imagen religiosa, por lo que lo golpeó al asegurar que ese tipo de artículos está prohibido tenerlos dentro del centro penitenciario.

El quejoso señaló que tras el primer golpe dos custodios entraron a su celda y lo golpearon en diversas partes del cuerpo, incluida la cabeza, para después bajarle los pantalones y ser penetrado vía anal en tres ocasiones. Después fue amenazado para guardar silencio.

Horas después la víctima solicitó ser enviado al servicio médico, pero se le negó el derecho hasta horas de la madrugada cuando se realizó el cambio de turno del personal de seguridad y custodia.

La CNDH detectó mala praxis por parte del personal médico del Cefereso que atendió a la víctima, al realizar mal y fuera de tiempo los procedimientos que servirían para comprobar la violación, situaciones que han sido señaladas en muchas oportunidades en las denuncias que existen.

Durante la investigación de la CNDH el personal del Cefereso de Ramos Arizpe informó que las cámaras del lugar sólo sirven para tener imagen en tiempo real y no cuentan con programas de grabación por lo que, a su conveniencia, no había videos de la agresión.

Los defensores de derechos humanos cuestionaron que las cámaras no graben, al tratarse de un reclusorio de alta seguridad y que cuenta con el presupuesto suficiente para tener equipos de grabación avanzados.

En este caso la CNDH recomendó la presentación de los custodios involucrados ante la FGR, para que se determine lo conducente en ejercicio de sus funciones y se realice una denuncia contra quien resulte responsable por los actos y omisiones descritas por la víctima entre otras.

El 31 de enero del 2023 la CNDH realizó otra recomendación, la 19/2023, ahora por una denuncia de un prisionero con discapacidad psicosocial que aceptó que golpeó a un custodio en el 2021 tras caer en depresión tras negársele cambio de penal.

A cambio de ese golpe al guardia, el interno recibió varias golpizas por parte de los custodios del centro para después ser encadenado de pies y manos durante un mes, un claro acto de tortura.

La CNDH recomendó a las autoridades pertinentes realizar un seguimiento de este evento para que se presente ante las autoridades por los hechos y omisiones que los mandos de prisión realizaron ante la desorbitada sanción.

La CNDH realizó dos recomendaciones, la 190/2022 y la 19/2023.

A pesar de estos tres ejemplos, la investigación criminal por muerte de Agustín Martínez Torres, el acto comprobado de la violación en contra de un interno y la tortura de mantener a otro encadenado durante un mes sufriendo vejaciones, no se conoce ninguna sanción en contra de Jetzael Martínez y sus colaboradores hasta el momento.

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