CIUDAD DE MÉXICO, agosto 31 (XPFM).- Durante la plenaria de Morena, la diputada Elena Segura, integrante de la Comisión de Justicia, reclamó a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, por las inconsistencias y errores jurídicos detectados en algunas iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso.
Segura señaló que los legisladores han encontrado “incompatibilidades, incongruencias y antinomias jurídicas”, es decir, disposiciones que pueden contradecirse entre sí. Sin embargo, afirmó que cuando hacen estas observaciones reciben como respuesta que los proyectos deben aprobarse sin modificaciones.
“Literalmente nos dicen: ‘no se mueve ni una coma’”, relató la legisladora morenista.
Advirtió que esta situación termina afectando a la propia bancada durante las discusiones en el pleno, pues la oposición cuestiona las iniciativas con argumentos que, en algunos casos, reconoció, son legítimos.
“Nos vemos vapuleados por la oposición, pero lo peor del caso es que con argumentos legítimos”, reclamó.
Como ejemplo, Segura mencionó una reforma relacionada con el abuso sexual, en la que los diputados detectaron errores y plantearon corregirlos. Según su relato, pese a las observaciones se les pidió aprobar el proyecto sin cambios y posteriormente el Senado la devolvió con las mismas observaciones.
“De verdad, es de pena”, expresó.
La legisladora también recordó una reforma relacionada con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que Morena decidió corregir antes de aprobar. Según Segura, esa decisión provocó el enojo de Esthela Damián, quien ocupó la Consejería Jurídica de la Presidencia antes que Alcalde.
El reclamo de Segura expuso una diferencia al interior de Morena sobre la forma en que se procesan las iniciativas del Ejecutivo. La diputada pidió mejorar la comunicación entre el gobierno y su bancada, al considerar que aprobar proyectos con errores termina dejando a los legisladores oficialistas expuestos frente a la oposición.
Su argumento fue directo: corregir una iniciativa no significa frenar al gobierno, sino evitar que errores jurídicos terminen debilitando las reformas impulsadas por la propia Presidencia.
