CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (XPFM).- Las críticas del gobierno de Estados Unidos hacia la situación de seguridad en México escalaron nuevamente. Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, aseguró que el sistema judicial, político y legal mexicano “no funciona” debido a que amplias zonas del país, según afirmó, se encuentran bajo el control de organizaciones criminales que Washington considera grupos terroristas.
Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de entrega de la Medalla por la Defensa de la Frontera Mexicana, celebrada en el Pentágono y encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, donde el funcionario elogió el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la vigilancia de la frontera sur.
“Hay una razón por la que en México no funciona el sistema judicial, ni el político, ni el legal. Es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, afirmó Miller ante mandos militares.
El funcionario sostuvo que los cárteles mexicanos representan una amenaza comparable a organizaciones como el Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda, luego de que la administración de Donald Trump los clasificara como organizaciones terroristas extranjeras. A diferencia de esos grupos, señaló, los cárteles operan de manera directa en la frontera con Estados Unidos y cuentan con la capacidad de afectar la seguridad y el Estado de derecho de ambos países.
Las declaraciones endurecen el discurso que Washington ha sostenido durante los últimos meses sobre la crisis de seguridad en México y vuelven a colocar en duda la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre parte de su territorio.
Aunque el gobierno mexicano ha rechazado reiteradamente los señalamientos de que existan regiones dominadas por el crimen organizado, diversos diagnósticos nacionales e internacionales han documentado durante años la presencia de grupos criminales que ejercen control territorial, cobran extorsiones, desplazan comunidades, imponen reglas locales e incluso condicionan actividades económicas y procesos políticos en distintas entidades del país.
En ese contexto, las afirmaciones de Miller también representan un cuestionamiento directo a la estrategia de seguridad implementada durante los gobiernos de Morena, particularmente después de que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador defendiera durante seis años la política de “abrazos, no balazos”, mientras los índices de desapariciones, extorsión y control territorial por parte del crimen organizado continuaron siendo motivo de preocupación para organismos nacionales e internacionales.
El asesor de la Casa Blanca atribuyó precisamente esa presencia de organizaciones criminales a lo que calificó como el fracaso del sistema institucional mexicano, al asegurar que los cárteles utilizan el homicidio, el secuestro y la extorsión para imponer su dominio sobre comunidades enteras.
Asimismo, destacó que el despliegue militar en la frontera estadounidense busca impedir que esas organizaciones expandan su influencia hacia territorio norteamericano, al tiempo que defendió el reforzamiento de las operaciones de seguridad impulsadas por la administración Trump desde el inicio de su mandato.
Durante la ceremonia también fue presentada nuevamente la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, una condecoración inspirada en la presea creada por el Congreso de Estados Unidos en 1918 para reconocer a las tropas que participaron en operaciones militares relacionadas con la Revolución Mexicana entre 1916 y 1917, un simbolismo que diversos analistas interpretan como parte del endurecimiento del discurso estadounidense respecto a México.
Las declaraciones de Miller llegan en un momento de creciente tensión bilateral en materia de seguridad y podrían incrementar la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha defendido la soberanía nacional frente a las propuestas de Washington para intensificar el combate a los cárteles.
El mensaje también refleja la narrativa que impulsa la administración Trump: presentar al crimen organizado mexicano no únicamente como un problema de seguridad pública, sino como una amenaza terrorista con implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos, argumento que ha servido para justificar mayores medidas de presión diplomática y operativa hacia México.
Mientras el gobierno mexicano insiste en que existe cooperación con respeto a la soberanía, desde Washington las declaraciones de altos funcionarios muestran una percepción cada vez más crítica sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para contener el avance del crimen organizado, un diagnóstico que inevitablemente reaviva el debate sobre los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en los últimos años.
