CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (XPFM).- La violencia en México continua cobrando la vida de activistas y funcionarios evidenciando que la crisis de seguridad sigue latente en diversas regiones del país.
Los asesinatos de la activista morelense Sandra Rosa Camacho Flores y del funcionario municipal Roberto Castañeda, director de Agua Potable en Irapuato, Guanajuato, reflejan la persistente vulnerabilidad de quienes participan en la vida pública y social.
En el estado de Morelos, la líder social Sandra Rosa Camacho Flores fue asesinada en un ataque armado directo en el municipio de Temoac. La Fiscalía General del Estado investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron acciones coordinadas para esclarecer el hecho.
Camacho Flores había denunciado públicamente en agosto de 2025 la situación de violencia en la región, señalando directamente a la familia del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero.
Su caso se suma a un contexto de creciente tensión en el municipio, donde el alcalde mismo sufrió un ataque armado en enero pasado y donde su tesorera municipal, Andrea Angelina N, alias “La Patrona”, fue detenida en noviembre de 2024 con armas y droga.
Tras el homicidio, organizaciones sociales y la página *Delegación Temoac 2025-2028* denunciaron un presunto intento de encubrimiento por parte de algunos agentes, lo que ha intensificado las exigencias de justicia por parte de la comunidad. La Fiscalía estatal reiteró que mantiene activados los protocolos correspondientes.
En paralelo, en Guanajuato, estado que encabeza las estadísticas nacionales de homicidios dolosos, el director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su vehículo.
El Ayuntamiento de Irapuato condenó el ataque como un “cobarde acto de violencia” y la presidenta municipal, Lorena Alfaro, expresó en redes sociales su indignación, destacando que Castañeda era “un servidor público ejemplar”. Alfaro aseguró que se mantendrá coordinación con la Fiscalía estatal para garantizar que el crimen no quede impune.
Ambos casos ocurren en un contexto donde el crimen organizado y la violencia política han golpeado de manera recurrente a activistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.
A pesar de los discursos oficiales y los operativos de seguridad, los hechos recientes confirman que México continúa enfrentando una crisis de violencia que limita el ejercicio de la participación ciudadana y la función pública.
