- La votación contra la reforma eléctrica fue la que provocó la campaña contra legisladores opositores por lo que previo a esta resolución Morena ya ha recibido sanciones económicas.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (XPFM).- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, incurrieron en violencia política con la campaña para señalar como “traidores” a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.
En el caso ya se confirmó la existencia de “calumnia”, como quedó firme en otra sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal, pero ahora se resolvió que constituye violencia política, pues se intentó restringir la libertad para el ejercicio del cargo y limitarlo, expuso el magistrado presidente de la Sala Regional, Rubén Lara.
La sentencia se emitió al analizar un recurso promovido por diputados federales de Movimiento Ciudadano y al acatar un fallo de la Sala Superior en la que se ordenó analizar el fondo del asunto.
Además se acordó dar vista al Congreso de la Ciudad de México y a la Cámara de Diputados para que determinen lo procedente en el caso de Sheinbaum y Mier, no así en el caso de López Obrador, pues no tiene superior jerárquico que pudiera fijar sanciones.
Con la resolución se generó un criterio novedoso al establecer un primer caso de violencia política e institucional, pues hasta ahora sólo se habían acreditado casos de violencia política en razón de género.
En este caso de las acusaciones de los funcionarios por presunta traición “hay una vulneración a los derechos políticos de los denunciantes”, se concluyó en la sesión con dos votos contra uno, del magistrado Luis Espíndola, quien presentó el proyecto original, mismo que proponía declarar como “inexistentes” la violencia política e institucional, pero fue rechazado.
La calumnia es una infracción, ya fue sancionada, pero en este caso “no hay lenguaje de odio, no hay incitación a violencia o a cometer un delito”, expuso Espíndola. De haberlo es violencia política, lo contrario es debate, expuso.
La violencia política o institucional sólo se acredita cuando se dirige a lesionar valores democráticos como la igualdad, pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto o que se les intentó obstaculizar o ejercer violencia.
Pero las opiniones de los funcionarios señalados son propias de la deliberación política, a juicio del magistrado Espíndola.
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