CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (XPFM).- El Grupo Interinstitucional (GI) actualizó los avances en la atención a la crisis ambiental en el Golfo de México, donde la naturaleza y escala del ecocidio quedan evidenciadas por el masivo despliegue de recursos y la amplia afectación territorial en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con recales intermitentes de hidrocarburos desde el 2 de marzo.
La magnitud del desastre se refleja en un estado de fuerza de más de 3,000 elementos (2,200 de la Marina, 700 de Pemex, y personal de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios), respaldados por 47 embarcaciones, 48 vehículos, 7 aeronaves, drones y mil metros de barreras de contención.
A través de un comunicado conjunto, siete dependencias del Gobierno de México, informaron que se han atendido 39 playas, un manglar y un estero, con recolección acumulada de 785 toneladas en playa y 40.6 toneladas en mar, y 630.9 km de playa intervenidos. “En Cantarell se mantienen labores de contención y revisión de ductos, mientras que en Coatzacoalcos se atendieron emanaciones naturales”.
Ante el impacto social, Pemex destinó 35 millones de pesos en apoyos a pescadores, salud, combustible y empleo temporal para labores de saneamiento.
Asimismo, Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, en coordinación con instituciones estatales, da atención y canaliza a los ejemplares de vida silvestre afectados por hidrocarburos.
En el ámbito legal, de acuerdo a la misiva, la ASEA presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales, sin especificar en contra de quien, alegando que las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3,000 días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental.
Para finalizar su comunicado, el Gobierno de México reiteró “su compromiso”, cómo en todos los casos donde pudieran resultar responsabilidades legales para funcionarios o dependencias del estado, de mantener acciones hasta remediar los daños.
