CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (XPFM).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a través del cual se eliminan 13 de los 14 fideicomisos con los que contaba el Poder judicial de la Federación vulnerando así los derechos laborales de 55 mil trabajadores, y se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia).
En lo particular, el documento fue avalado con 260 votos a favor, 196 en contra y cero abstenciones, los artículos reservados en términos del dictamen y la adición de un artículo transitorio.
El Pleno aceptó adicionar un artículo quinto transitorio para señalar que los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del presente Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación en términos del transitorio inmediato anterior, en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y conexos previstos en la Constitución Política, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Transparencias y Acceso a la Información Pública.
Además, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes contará con un plazo máximo de 7 días hábiles para publicar el informe al que se refiere el párrafo inmediato anterior contados a partir del día siguiente al que se realice el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación.
La propuesta fue impulsada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y presentada por el diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena).
Atenta contra uno de los tres poderes
Por el PAN, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer precisó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico”.
Destacó que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Este dictamen, agregó, contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales Y sociales de todos los trabajados de dicho Poder.
Va contra el principio de división de poderes
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) dijo estar en contra de afectar las expectativas de derecho de los trabajadores al servicio del Estado adscritos al Poder Judicial, burócratas que tienen como patrón a uno de los tres poderes. El dictamen rompe la normalidad constitucional, “atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de otro”.
Recalcó que la reforma atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado porque “esos fideicomisos, de los cuales el Poder Ejecutivo busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos laborales”.
Vulnera derechos laborales de 55 mil trabajadores
Miguel Ángel Torres Rosales, diputado del PRD, mencionó que los derechos de las y los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos cuando están en la Ley o en las condiciones generales de trabajo. La reforma, dijo, no surtirá efectos, pues mediante amparos de los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que se harán llegar “esta reforma también se va a caer”.
Relató que el dictamen no fue competencia de la Comisión de Presupuesto; busca eliminar 13 fideicomisos de los 14 que tiene actualmente el Poder Judicial y con ello se pretende que poco menos de 15 mil millones de pesos pasen a las arcas del Poder Ejecutivo vulnerando los derechos laborales de 55 mil trabajadores que resultaran afectados. Estos fideicomisos datan de 1988.
