CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (XPFM).- El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, formalizó ante el Senado su solicitud para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, al sostener que el gobierno de Salomón Jara Cruz atraviesa una crisis de gobernabilidad, seguridad y Estado de derecho que, a su juicio, ha rebasado a las instituciones. La petición fue presentada este 28 de septiembre y se sustenta en la fracción V del artículo 76 constitucional.
La solicitud no surge de un solo episodio. Ramírez ha planteado desde 2025 que en Oaxaca existe una concentración de poder, debilitamiento de contrapesos y uso discrecional de las instituciones. En su propuesta ante la Cámara de Diputados calificó este proceso como una “autocratización” y acusó al gobierno estatal de nepotismo y amiguismo, argumentos que volvió a utilizar como parte de su ofensiva política contra la administración de Jara.
Uno de los señalamientos que tomó mayor fuerza este año fue precisamente el relacionado con el nepotismo. La Jornada documentó en febrero que al menos 20 funcionarios tenían algún parentesco con el gobernador, mientras que el hijo de Jara, Shabín Jara, y su sobrino, Emmanuel Navarro Jara, dejaron cargos dentro de Morena después de las críticas generadas por esas relaciones. Los movimientos ocurrieron luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara públicamente que la contratación de familiares no era correcta.
Ramírez también ha relacionado su petición con la violencia contra periodistas, activistas y dirigentes comunitarios. En julio, tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, sostuvo que las instituciones oaxaqueñas estaban rebasadas y cuestionó la capacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de quienes investigan conflictos relacionados con territorio y poder.
Otro de los casos que el legislador ha utilizado para sustentar sus argumentos es el de la activista Sandra Domínguez Martínez, desaparecida junto con su esposo Alexander Hernández en octubre de 2024 y localizada sin vida meses después. Ramírez ha cuestionado públicamente la actuación de las autoridades estatales en este expediente y lo ha colocado como ejemplo de los problemas de seguridad y justicia que, según él, existen en Oaxaca.
A estos señalamientos se suman las denuncias que el diputado ha retomado sobre conflictos agrarios, desplazamiento de comunidades, defensa del territorio y proyectos económicos en zonas indígenas. En septiembre respaldó las denuncias de habitantes de San Pedro el Alto, quienes afirman enfrentar desplazamiento y disputas territoriales; el legislador sostuvo que estos conflictos son otra muestra del deterioro de la gobernabilidad estatal.
Con esta nueva solicitud, Ramírez convierte en una petición formal ante el Senado una acusación que viene planteando desde hace más de un año: que los tres poderes de Oaxaca ya no estarían cumpliendo, según su interpretación, con las condiciones necesarias para garantizar la vida institucional del estado. El Senado deberá determinar, conforme al procedimiento constitucional correspondiente, si existen elementos para iniciar el proceso solicitado.
