Tejiendo Redes Infancia denuncia un intento de sustitución de medida cautelar para el presunto homicida de Ángel Moreno, adolescente fallecido bajo custodia estatal en 2022. La organización alerta sobre el peligro de otorgar prisión domiciliaria a un ex custodio vinculado a una red de encubrimiento institucional.
Intento de liberación del presunto victimario
Raymundo Francisco N., ex custodio del albergue DIF Fabriles, busca modificar su actual medida de reclusión en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Nuevo León por la prisión domiciliaria.
- Acusación directa: El imputado es señalado como responsable de la golpiza que privó de la vida a Ángel Moreno, adolescente de 14 años con discapacidad.
- Contexto de la agresión: La víctima, quien permaneció diez años bajo protección del Estado, padeció una agonía de diez horas sin recibir asistencia médica tras el ataque.
- Encubrimiento: El cuerpo del menor fue cremado como táctica para eliminar evidencias, según reportes de instancias defensoras de derechos humanos.
Fallas estructurales y negligencia del DIF estatal
La recomendación 01VG/2023 de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CDHNL) documentó maltrato, falta de cuidado, negligencia y dolo por parte del personal del DIF, bajo la gestión de Mariana Rodríguez.
- Rechazo institucional: La recomendación de la CDHNL fue desestimada por la dirección del DIF Nuevo León.
- Intervención federal: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 148/2025, dirigida explícitamente al gobernador Samuel García.
- Red de involucrados: La causa penal 04556/2023 integra a otros funcionarios de alto nivel, incluidos Mauricio Miguel N., Alan N. y Miguel Ángel N., este último actual diputado federal por Movimiento Ciudadano.
Conflictos de interés en el poder judicial
La defensa de las víctimas indirectas advierte riesgos procesales derivados de la relación entre el juez de control, Jesús Demetrio Cadena, y la administración del DIF Nuevo León.
- Vínculo expuesto: El 5 de junio de 2025, Mariana Rodríguez informó vía redes sociales sobre la adopción de un menor por parte del juez Cadena, quien ahora debe determinar la situación legal del imputado.
- Riesgo de obstaculización: Tejiendo Redes Infancia señala la capacidad de influencia de los acusados sobre testigos y autoridades, además del historial de ocultamiento documentado por la Fiscalía estatal.
Exigencia de diligencia judicial
El Poder Judicial enfrenta un escrutinio crítico ante la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización de los afectados.
- Evaluación de riesgos: La organización exige al juez de control considerar la posibilidad de sustracción procesal, presión sobre testigos e intimidación a las víctimas.
- Estándares exigidos: Se demanda una resolución fundada que priorice los derechos de la niñez, de las personas con discapacidad y el control reforzado frente a actos de violencia institucional.
- Deuda estatal: El caso permanece como un precedente del abandono y la violencia ejercida en espacios destinados a la protección de menores, evidenciando una crisis de rendición de cuentas en la entidad.
