CIOUDAD DE MÉXICO, septiembre 05 (XPFM).- La deuda pública de México alcanzó al cierre de julio de 2026 los 19.22 billones de pesos, su nivel más alto desde que existen registros, pese a que el gobierno federal ha insistido en que mantiene una política de consolidación fiscal para contener el crecimiento de los pasivos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —el indicador más amplio para medir la deuda del gobierno— se ubicó 0.3% por encima, en términos reales, del nivel registrado en 2025. La estrategia oficial ha logrado moderar el ritmo de crecimiento, pero no revertir la tendencia: la deuda sigue aumentando y acumulándose.
El contraste resulta relevante porque los ingresos tributarios no petroleros, principalmente los provenientes del ISR y el IVA, han mantenido una trayectoria ascendente y en 2025 representaron el 15.2% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel récord. Sin embargo, el aumento de la recaudación no ha sido suficiente para cubrir las crecientes presiones del gasto público, obligando al gobierno a mantener el recurso del endeudamiento para equilibrar sus finanzas.
Uno de los mayores incrementos recientes ocurrió en 2024, cuando la deuda registró un aumento real de 11.9%, el mayor desde 2015 y coincidente con el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese crecimiento dejó una pesada herencia financiera a la administración de Claudia Sheinbaum, que llegó al gobierno prometiendo ordenar las finanzas públicas, aunque al mismo tiempo mantuvo y amplió compromisos de gasto mediante nuevos programas y proyectos.
Medida frente al tamaño de la economía, la deuda pública representó 51.5% del PIB a julio de 2026. Aunque la proporción es 1.1 puntos porcentuales menor que al cierre de 2025, el indicador se mantiene, por tercer año consecutivo, en uno de sus niveles históricos más elevados. Además, aún falta una parte importante del ejercicio fiscal, tradicionalmente el periodo en el que el gobierno acelera el gasto presupuestal.
A esta presión se suman dos compromisos que reducen cada vez más el margen de maniobra de las finanzas públicas: el costo financiero de la deuda y el gasto en pensiones y jubilaciones. Entre enero y julio de 2026, el gobierno destinó 759 mil 369 millones de pesos al pago de intereses y otros costos financieros. Aunque la cifra fue menor a la del mismo periodo del año anterior, en poco más de una década este gasto se ha disparado 95% en términos reales, impulsado por el crecimiento de la deuda y las tasas de interés.
Por su parte, el gasto en pensiones y jubilaciones alcanzó 990 mil 568 millones de pesos durante los primeros siete meses de 2026, otro nivel récord que podría superar el billón de pesos en los siguientes meses. En los últimos once años, este gasto ha crecido 76% en términos reales, consolidándose como una de las principales presiones estructurales sobre el presupuesto.
El problema de fondo es que, mientras la deuda continúa aumentando, también crecen los compromisos que el gobierno está obligado a pagar, reduciendo el margen disponible para atender nuevas necesidades o contingencias. La administración de Sheinbaum enfrenta así una contradicción difícil de ocultar: presume disciplina fiscal y una reducción en el ritmo del endeudamiento, pero México mantiene una deuda histórica de 19.2 billones de pesos y obligaciones crecientes que amenazan con seguir absorbiendo una proporción cada vez mayor del gasto público.
El desafío ya no parece limitarse a contener la velocidad con la que crece la deuda. Sin cambios estructurales en el gasto, las pensiones y los ingresos públicos, México podría enfrentar una vulnerabilidad fiscal creciente, en la que recaudar más ya no necesariamente signifique disponer de más recursos, sino simplemente contar con el dinero suficiente para sostener compromisos adquiridos durante años de expansión del gasto y endeudamiento.
