El despliegue de 38 operativos simultáneos en el Estado de México permitió la captura de 32 presuntos integrantes del grupo criminal Los Gigan, vinculado al CJNG, incluyendo dos policías municipales, además del aseguramiento de 178 mil litros de gas LP.
La estrategia de seguridad federal contra el crimen organizado
El operativo resultó de una investigación de siete meses encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con fuerzas federales y estatales para frenar la violencia.
La ejecución de este despliegue táctico fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contó con el respaldo operativo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Las acciones, desarrolladas este jueves 5 de noviembre de 2026, representan una respuesta directa a la creciente problemática de la extorsión y el homicidio en territorio mexiquense. La participación de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia subraya la importancia que el gobierno federal ha otorgado a la desarticulación de esta organización específica.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que los trabajos de inteligencia permitieron ubicar los nodos operativos de la estructura delictiva tras un periodo de análisis de siete meses. La coordinación permitió que, de manera simultánea, las autoridades federales y mexiquenses lograran la detención de los objetivos prioritarios sin que la operación fuera vulnerada por las redes de protección que, presuntamente, el grupo mantenía en diversos niveles del ámbito municipal.
Identificación de los mandos y la red de protección policial
Entre los arrestados figuran los presuntos líderes de la organización criminal y dos agentes municipales en activo señalados por colaborar con las estructuras delictivas investigadas.
La investigación permitió identificar a individuos clave señalados como presuntos dirigentes de células delictivas, entre ellos los sujetos identificados bajo los alias “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”. Estos actores son vinculados directamente con actividades de extorsión, delitos contra la salud y el mercado negro de hidrocarburos. La captura de dos elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl pone en evidencia la infiltración de Los Gigan en las fuerzas de seguridad locales, un fenómeno que las autoridades federales han buscado erradicar mediante el despliegue de fuerzas especiales.
Adicionalmente, se documentó la captura de Miguel Juárez Pérez, alias “El Miky”, quien habría sido detenido originalmente el pasado 27 de octubre en Ecatepec. Este sujeto es señalado por las autoridades como el presunto sucesor de Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como “El Choko”, quien operaba bajo la estructura denominada FOMAC. La desarticulación de estos mandos representa un golpe directo a la cadena de mando que mantenía a la organización vinculada con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en diversos municipios del Estado de México.
Incautación de recursos financieros y logísticos
El aseguramiento de 178 mil litros de gas LP revela la capacidad logística y financiera de la organización para operar un mercado ilícito de alto volumen.
Como parte de los resultados del megaoperativo, el decomiso de 178,000 litros de gas licuado de petróleo (LP) constituye uno de los impactos más significativos contra las finanzas del grupo. La comercialización ilícita de este hidrocarburo representa una fuente de ingresos fundamental para mantener las operaciones de extorsión y violencia que el grupo ejercía sobre la población y el sector comercial. Además del combustible, fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos y vehículos que eran utilizados de manera cotidiana por las células delictivas para desplazarse y cometer delitos.
El secretario García Harfuch advirtió que las investigaciones no culminarán con estas detenciones, ya que el objetivo principal es desmantelar por completo las estructuras financieras y las redes de protección que permitían la supervivencia de la organización. El funcionario fue enfático al declarar que ni los cargos públicos ni las fachadas sindicales servirán como salvaguarda ante las acciones de fiscalización del Estado. La coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México garantiza que los procesos penales busquen castigar tanto a los ejecutores de los delitos como a quienes facilitaron la operación de estas bandas desde puestos de poder.
(Con información de agencias)
