CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (XPFM).- El Tribunal de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Colima, quien fue señalado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum de liberar a presuntos delincuentes.
La resolución provocó el rechazo de la JUFED, que advirtió sobre un posible «ánimo represor» contra integrantes de la carrera judicial.
La sanción, aprobada por mayoría el pasado 29 de septiembre, deriva del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V e implica la separación inmediata del cargo, además de impedirle ocupar empleos o comisiones en el servicio público durante un año. Sigales contaba con 25 años de trayectoria judicial.
De acuerdo con el fallo, el motivo de la destitución fue que el juzgador modificó condenas previamente negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y personas imputadas por delitos contra la salud, así como por portación y posesión de armas de fuego.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) cuestionó la determinación y sostuvo que el procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones de Sheinbaum durante sus conferencias matutinas, en las que acusó al juez de favorecer la liberación de personas vinculadas con actividades delictivas.
Para la organización, la secuencia de declaraciones públicas y la posterior sanción generan sospechas sobre la imparcialidad del Tribunal de Disciplina Judicial. Advirtió que este tipo de resoluciones puede crear un ambiente de incertidumbre y afectar la independencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
En defensa de Sigales, la JUFED argumentó que sus decisiones correspondieron al ejercicio de la interpretación y el arbitrio judicial durante audiencias de procedimiento abreviado celebradas en 2022, en las que, según su postura, privilegió el debido proceso, el principio pro persona y los derechos humanos frente a medidas restrictivas de la libertad, como la prisión preventiva oficiosa.
La asociación también destacó que la resolución reconoce que no hubo daño patrimonial, beneficio personal ni antecedentes de desempeño irregular en el expediente del juzgador. Ante ello, anunció que lo acompañará en la defensa de sus derechos laborales, profesionales y humanos, mientras cuestionó los alcances de las sanciones impuestas por el nuevo órgano disciplinario del Poder Judicial.
