CIUDAD DE MÉXICO, agosto 23 (XPFM).- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una acusación directa contra funcionarios mexicanos de alto nivel: algunos trabajan de manera directa con organizaciones criminales y forman parte de una estructura de corrupción que, según el funcionario, permite operar a los principales cárteles del país.
Cole sostuvo que existen funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un señalamiento que coloca nuevamente los presuntos nexos entre poder político y narcotráfico en el centro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
El jefe de la DEA también destacó la cooperación con el Gobierno mexicano y mencionó de manera particular la comunicación que mantiene con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En sus declaraciones, Cole retomó el caso de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados en abril por autoridades estadounidenses, entre los que se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázares, y el exsecretario estatal de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos.
La acusación estadounidense sostiene que los involucrados conspiraron para traficar drogas y proteger a “Los Chapitos” a cambio de sobornos. Cole advirtió que los señalados ya fueron notificados y que se encuentran entre las prioridades de la DEA.
El mensaje también alcanzó directamente a “Los Chapitos”. El director de la agencia antidrogas aseguró que sus integrantes podrían terminar como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, enfrentando una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.
En el caso del CJNG, Cole identificó a Juan Carlos Valencia, alias “El Pelón”, como el principal objetivo de la DEA en este momento.
La agencia estadounidense, agregó, también mantiene bajo seguimiento a los proveedores de precursores químicos procedentes de China, utilizados para fabricar drogas sintéticas.
Las declaraciones de Cole vuelven a poner sobre la mesa uno de los mayores desafíos para la lucha contra el crimen organizado: la presunta protección que desde estructuras gubernamentales permite a los cárteles mantener sus operaciones y ampliar su influencia.
