CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (XPMF).- La austeridad que se pregonaba desde Palacio Nacional parece tener una traducción bastante distinta cuando se revisan algunos patrimonios vinculados a la administración pública. El caso de Araceli Hernández Perea, exdirectora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), coloca esa contradicción bajo los reflectores.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Hernández Perea, quien tenía un ingreso cercano a 60 mil pesos netos mensuales, compró en junio de 2024 una residencia en San Antonio, Texas, por 902 mil dólares, unos 15.6 millones de pesos.
Las cuentas son demoledoras: para pagar la propiedad únicamente con su salario, tendría que haber entregado cada peso de su sueldo durante casi 22 años. Sin comida, vivienda, impuestos, transporte ni ningún otro gasto. La pregunta resulta inevitable: ¿de dónde salió el dinero? Y el asunto no termina en una casa de lujo.
Hernández Perea también constituyó dos empresas en Texas junto con Alejandro Enrique Arcos Romero, su pareja y socio. El nombre de Arcos no aparece precisamente en un vacío de antecedentes. Autoridades mexicanas y estadounidenses lo identificaron como presunto operador financiero de la organización de Florian Tudor, conocida como la “mafia rumana”, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado sus cuentas desde 2021.
A pesar de ese antecedente, Arcos terminó ocupando un puesto como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en Aduanas. Es decir, una persona previamente colocada bajo el radar de las autoridades financieras consiguió mantenerse cerca de una institución que maneja operaciones estratégicas y multimillonarias.
La otra pieza del rompecabezas resulta todavía más delicada. Hernández Perea no era una funcionaria cualquiera: estaba al frente de compras y contratos sensibles de la ANAM. Entre las operaciones bajo su responsabilidad estuvieron dos contratos superiores a mil 300 millones de pesos para equipos de rayos X destinados a la inspección aduanera.
Por si fuera poco, su hijo Diego Pérez Hernández continúa trabajando en la ANAM, mientras Arcos Romero aparece ahora acompañando a Marín Mollinedo en actividades políticas relacionadas con sus aspiraciones para contender por Morena en Quintana Roo.
La fotografía que emerge es, cuando menos, inquietante: una exfuncionaria con un salario público de alrededor de 60 mil pesos mensuales compra una propiedad de casi un millón de dólares; crea empresas en Estados Unidos con un socio señalado por autoridades financieras; ese socio había tenido cuentas bloqueadas por la UIF y, aun así, terminó trabajando dentro de Aduanas; mientras la exfuncionaria participaba en contratos por cientos de millones de pesos.
Nadie está diciendo que comprar una mansión sea un delito. Tampoco que la existencia de un vínculo personal pruebe por sí misma una conducta ilícita. Lo que sí exige una explicación es la discrepancia patrimonial y, sobre todo, la coincidencia entre ese crecimiento económico y el acceso a contratos públicos de enorme valor.
El discurso de combate a la corrupción pierde credibilidad cuando los controles patrimoniales parecen llegar tarde, cuando los antecedentes financieros no impiden el acceso a posiciones estratégicas y cuando las relaciones personales y políticas se entrelazan con áreas donde circulan miles de millones de pesos.
La pregunta que queda sobre la mesa es simple y contundente: ¿cómo puede una funcionaria con ese nivel salarial justificar una fortuna inmobiliaria de esa magnitud y qué controles verificaron el origen de los recursos?
Mientras no exista una explicación documentada, la mansión de San Antonio no será sólo una propiedad de lujo. Será también el símbolo de una de las preguntas más incómodas para la llamada transformación: ¿la austeridad era para todos, menos para quienes tenían acceso al poder?
Investigación completa en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
