La salida definitiva del exvicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, fue confirmada por la fiscal estatal el 5 de noviembre de 2026, tras seis meses de ausencia por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
La fractura en la cúpula de procuración de justicia en el estado se consumó cuando la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que el exvicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra formalizó su renuncia definitiva a la institución. El movimiento administrativo se registró el pasado 5 de noviembre de 2026, descartando cualquier posibilidad de que el funcionario retomara sus funciones una vez concluido el periodo de licencia temporal que solicitó en mayo previo. Con esta decisión, la separación del cargo se vuelve permanente en medio de las investigaciones y los señalamientos formulados por el gobierno de Estados Unidos contra diversos servidores públicos de la entidad por su presunta colusión con la delincuencia organizada.
Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense
El exvicefiscal general enfrentó señalamientos directos por parte de autoridades norteamericanas que lo vincularon con una red de protección al Cártel de Sinaloa.
El origen del declive institucional de Dámaso Castro Zaavedra se remonta al 29 de abril de 2026, fecha en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos integró su nombre en una acusación formal que también alcanzó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros operadores del servicio público local. De acuerdo con las imputaciones de las autoridades estadounidenses, el entonces vicefiscal habría recibido sobornos mensuales sistemáticos a cambio de otorgar protección operativa a Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar. Adicionalmente, el expediente extranjero lo señaló por presuntamente filtrar información confidencial sobre operativos de seguridad y mantener nexos con redes de tráfico de narcóticos y posesión de armamento exclusivo de las fuerzas armadas, aunque dichos señalamientos conservan el carácter de imputaciones judiciales sin constituir una sentencia condenatoria firme.
La estrategia de defensa y el desenlace administrativo
Tras solicitar una licencia temporal de seis meses y comparecer ante la FGR, el funcionario optó por la separación definitiva del cargo.
Ante la presión derivada de los señalamientos internacionales, el exfuncionario solicitó el 5 de mayo de 2026 una licencia sin goce de goce de sueldo por un plazo de seis meses, con el argumento de atender los requerimientos institucionales y permitir la operación sin sobresaltos de la Fiscalía General del Estado. Durante ese lapso de contención, Dámaso Castro Zaavedra acudió ante la Fiscalía General de la República para negar las imputaciones y manifestar su disposición de colaborar con las instancias federales mexicanas. No obstante, al cumplirse el plazo de la licencia, la renuncia se concretó de manera irrevocable el 5 de noviembre, según ratificó la titular de la dependencia estatal ante los medios de comunicación en Culiacán.
La reestructuración interna en la Vicefiscalía General
La fiscalía estatal mantiene un encargado de despacho mientras evalúa el nombramiento definitivo para relevar al exfuncionario investigado.
Mientras se procesaba la salida definitiva del exvicefiscal, la estructura operativa de la institución debió ajustarse para evitar la parálisis en la procuración de justicia. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo explicó que, desde el momento en que se aprobó el permiso temporal en mayo, se designó a José Roberto Quiñónez Coronado como encargado de despacho de la Vicefiscalía General. Esta figura interina permitió absorber las responsabilidades operativas de Dámaso Castro Zaavedra, en tanto que la administración estatal no ha anunciado el perfil que ocupará de manera formal la titularidad de la vicefiscalía en medio de este escenario de escrutinio internacional.
(Con información de agencias)
