CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (XPFM).- La molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos por la suspensión de las inspecciones de aguacate en Michoacán tuvo un punto central: no que Washington hubiera reaccionado ante amenazas, sino que no hubiera informado previamente a México sobre ellas.
La mandataria sostuvo que los inspectores estadounidenses fueron objeto de intimidaciones, pero que esa situación no fue comunicada antes de la decisión de suspender actividades, a la par de que admitió que la problemática de seguridad es real.
El admitir la problemática resulta un poco desconcertante dato resulta delicado porque la violencia y las amenazas no son un fenómeno nuevo en la región, sino un problema que afecta desde hace tiempo a productores, empacadores y trabajadores de la cadena del aguacate.
La reacción presidencial deja ver una contradicción incómoda: el gobierno mexicano reclama no haber sido avisado, pero al mismo tiempo reconoce que existen zonas donde la extorsión está creciendo.
Si las autoridades mexicanas conocían el deterioro de la seguridad en parte de la franja aguacatera, la pregunta inevitable es por qué fueron los inspectores estadounidenses quienes terminaron evidenciando el riesgo mediante la suspensión de sus actividades.
Ante el episodio, el gobierno anunció el reforzamiento de la seguridad para inspectores, productores y empacadores. La Secretaría de la Defensa desplegó mil 557 elementos, entre 657 integrantes de la Guardia Nacional y 900 del Ejército, para vigilar zonas productoras, centros de empaque y vías de comunicación.
México aseguró que mantendrá una mesa bilateral permanente para atender la seguridad y evitar nuevas interrupciones en las exportaciones, sin embargo, el negocio del aguacate sigue operando en territorios donde la extorsión representa una amenaza reconocida incluso por el propio gobierno.
El episodio expone la fragilidad de la estrategia oficial. La prioridad parece haberse colocado en restablecer los envíos y garantizar que los inspectores regresen, cuando el problema que provocó la suspensión sigue siendo la inseguridad.
“Garantizar protección” después de que ocurrieron las amenazas es una respuesta necesaria, pero difícilmente puede presentarse como una solución mientras continúen las extorsiones contra quienes participan en la industria.
Más que el reclamo diplomático por la falta de aviso, el hecho debería obligar al gobierno de Sheinbaum a responder una cuestión más incómoda: ¿por qué la extorsión puede crecer durante semanas en una de las principales zonas exportadoras del país sin que las autoridades logren contenerla ni anticipar los riesgos para quienes trabajan ahí? El verdadero problema no es que Estados Unidos haya dado la voz de alarma, sino que México haya tenido que reaccionar después de que el peligro ya había alcanzado a sus socios y al comercio internacional.
