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Crisis sanitaria en penales de Nuevo León: ocultan brotes y niegan atención

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó un brote de 34 casos de tuberculosis dentro de los Centros de Reinserción Social de Nuevo León, mientras las autoridades penitenciarias obstaculizan el acceso a tratamientos médicos y restringen la labor de los visitadores de derechos humanos.

El colapso del sistema sanitario en los ceresos

La gestión penitenciaria en Nuevo León incurre en una política sistemática de omisión que vulnera el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, perpetuando un escenario de negligencia institucional.

Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH, expuso que la falta de atención médica adecuada ha provocado muertes por tuberculosis desde el periodo 2000-2005. La enfermedad, aunque tratable mediante un protocolo de ocho meses, se expande ante el bloqueo administrativo de medicinas y cuidados necesarios. La negligencia oficial no es un hecho aislado, sino un patrón de conducta que ignora los estándares mínimos de salubridad.

El bloqueo a la supervisión de derechos humanos

El desacato a la autoridad de los organismos defensores de derechos humanos revela el nivel de opacidad bajo el cual operan las instituciones de seguridad estatal.

La recomendación 17-2006, emitida contra el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, exige sanciones administrativas contra César Daniel Ramírez Acevedo, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria. El funcionario impidió el acceso de visitadores al centro de reinserción femenil el pasado 7 de agosto, tras denuncias sobre la suspensión deliberada de medicamentos. Impedir estas diligencias constituye un delito bajo la Ley Nacional de Derechos Humanos.

Radiografía de la emergencia médica en el estado

El sistema penitenciario de Nuevo León registra cifras alarmantes de enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, evidenciando una crisis de atención médica que afecta a una población de 11 mil 243 reclusos.

Los datos sobre padecimientos infecciosos en el sistema carcelario estatal, al cierre de 2025, exponen la siguiente distribución:

  • Tuberculosis: 34 casos confirmados.
  • VIH: 66 pacientes bajo tratamiento.
  • Hepatitis: 36 internos afectados.
  • Sífilis: 24 personas diagnosticadas.

El panorama de enfermedades crónico-degenerativas dentro de los penales alcanza niveles críticos:

  • Obesidad: 918 internos.
  • Hipertensión arterial: 296 personas.
  • Diabetes: 172 reclusos.
  • Asma: 65 pacientes.
  • Cáncer: 5 casos reportados.

La permanencia de estas condiciones bajo la actual administración estatal confirma la ineficacia operativa y la indolencia ante la crisis sanitaria que se desarrolla al interior de los centros de reclusión neoleoneses.

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