La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) omitió iniciar una queja formal tras las amenazas de muerte recibidas por el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz por las agresiones un año antes de su homicidio.
Cronología de la negligencia institucional
La DDHPO evitó procesar la denuncia del comunicador como una queja oficial, reduciéndola a un cuaderno de antecedentes sin consecuencias preventivas.
El 14 de julio de 2025, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar compareció ante la visitadora Maira Cortés Reyna para formalizar su denuncia contra Salomón Jara Cruz y servidores públicos estatales. En su declaración, Leyva Aguilar documentó los siguientes hechos:
- Hostigamiento oficial: Señaló que los ataques comenzaron en la sección “Trapitos al Sol” de las conferencias matutinas del gobernador.
- Campaña de difamación: Identificó portales y redes sociales con vínculos gubernamentales responsables de ataques sistemáticos a su labor.
- Amenazas directas: Denunció llamadas y mensajes con advertencias de muerte exigiendo el cese de su ejercicio periodístico.
- Intensificación del riesgo: Reportó un aumento en las agresiones entre el 2 y el 5 de julio de 2025.
Resolución de la DDHPO y el deslinde de responsabilidad
El organismo autónomo concluyó, tras un análisis limitado, que los ataques carecían de relación con la autoridad estatal.
El 15 de agosto de 2025, la instancia encabezada por Elizabeth Lara Rodríguez determinó la ausencia de elementos para acreditar violaciones a derechos humanos. La resolución argumentó que las agresiones provenían de particulares y medios digitales “no oficiales”, ignorando el riesgo inminente denunciado por la víctima. La notificación al Mecanismo Federal de Protección se retrasó hasta enero de 2026, meses después de la solicitud inicial de auxilio.
Impacto letal y cuestionamiento al desempeño
El asesinato del periodista el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla detonó exigencias de rendición de cuentas sobre la gestión de la DDHPO bajo la actual administración.
La actuación del organismo enfrenta ahora una crisis de credibilidad y denuncias por su pasividad frente a violaciones graves en otros rubros estatales:
- DIF Oaxaca: Persisten denuncias por malos tratos y explotación de menores en casas hogar.
- Caso Casa Hogar “Pato”: El fallecimiento de dos niñas migrantes bajo tutela estatal permanece como punto de fricción en la fiscalización de la dependencia.
- Presión legislativa: Organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y diversos legisladores federales han solicitado una revisión inmediata de la permanencia de Elizabeth Lara Rodríguez al frente de la institución.
