CIUDAD DE MÉXICO, junio 09 (XPFM).- Las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre el proceso electoral de Coahuila abrieron nuevamente el debate sobre la consistencia del discurso oficialista frente a los procesos electorales. El legislador afirmó que la contienda “pareciera ser una elección de Estado”, acusó una supuesta utilización del aparato gubernamental para favorecer al partido en el poder local y denunció persecución contra militantes y legisladores de Morena.
Sin embargo, el posicionamiento contrasta con la postura que el propio movimiento ha mantenido en procesos donde Morena y sus aliados obtuvieron victorias pese a señalamientos de violencia, intervención de grupos de presión y posibles delitos electorales documentados por diversas denuncias públicas.
Monreal sostuvo que en Coahuila “el gobierno se convierte en partido” y aseguró que no existieron condiciones de equidad para la competencia política. Anunció además que Morena agotará todas las vías legales de impugnación y respaldará a militantes que, según dijo, fueron víctimas de persecución y privación ilegal de la libertad.
No obstante, el discurso adquiere una lectura distinta cuando se compara con elecciones en otras entidades donde Morena y aliados obtuvieron la victoria.
En casos como Sinaloa, diversas denuncias públicas y reportes sobre hechos de violencia, intimidación y posibles delitos electorales no provocaron una narrativa similar desde la dirigencia morenista. Por el contrario, una vez obtenidos resultados favorables para Morena y sus aliados, el énfasis del oficialismo se concentró en validar la voluntad popular y defender la legitimidad de la elección.
Esa diferencia de criterio alimenta las críticas de la oposición, que sostiene que Morena cuestiona los procesos únicamente cuando los resultados no le favorecen, mientras respalda sin mayores reservas aquellos en los que obtiene triunfos, incluso cuando existen señalamientos sobre irregularidades que también corresponden a las autoridades investigar.
Monreal insistió en que el proceso de Coahuila aún no concluye y recordó que primero deberá realizarse la etapa de verificación y posteriormente la de impugnación. También rechazó atribuir el resultado a la ausencia temporal de Andrés López Beltrán de las actividades partidistas y afirmó que Morena deberá revisar su estrategia electoral.
Otro de los elementos que llaman la atención es la referencia del legislador a una presunta intervención externa en el proceso político local y a una supuesta “guerra sucia”. Dichos señalamientos aparecen en un contexto en el que el propio bloque legislativo de Morena impulsó y recientemente aprobó reformas que endurecen las restricciones frente a la injerencia extranjera en asuntos políticos nacionales, utilizando precisamente el argumento de proteger la soberanía y evitar influencias externas.
En ese escenario, las acusaciones de intervención requieren, conforme al propio marco jurídico promovido por la mayoría legislativa, de elementos y pruebas que permitan acreditar la existencia de conductas ilícitas y que puedan ser valoradas por las autoridades competentes, más allá del debate político.
Mientras tanto, su afirmación de que en Coahuila “pareciera ser una elección de Estado” reabre el cuestionamiento sobre la consistencia del discurso de Morena frente a los procesos democráticos: denunciar falta de equidad cuando pierde, pero defender la validez institucional cuando los resultados le son favorables.
