CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 06 (XPFM).- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria a la administración de Guadalupe Taddei, además de realizar auditorías externas a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados durante su gestión como consejera presidenta. La decisión busca revisar el manejo de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.
La propuesta fue presentada por la consejera Carla Humphrey, quien planteó reforzar los mecanismos de vigilancia y control interno después de los señalamientos que han rodeado a la anterior administración. El acuerdo contempla examinar el desempeño de las áreas responsables de las compras y contrataciones, así como solicitar la intervención de las autoridades fiscalizadoras dentro de sus respectivas competencias.
Uno de los puntos que genera preocupación es el papel del Órgano Interno de Control (OIC), instancia que también ha sido cuestionada por presuntos vínculos con el grupo cercano a Taddei, de acuerdo con fuentes del propio Instituto. Por ello, los 10 consejeros en funciones acordaron solicitar auditorías externas para ampliar la revisión y evitar que la fiscalización quede limitada a las estructuras internas del organismo.
Las medidas también alcanzan el terreno penal. El Consejo General acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible comisión de delitos relacionados con la administración de Taddei. El consejero Arturo Castillo pidió que la Fiscalía valore iniciar diligencias de oficio y determine si existen elementos para aplicar las disposiciones constitucionales correspondientes, es decir ejercer la prisión preventiva oficiosa.
Entre las conductas que se propone investigar figuran enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones. Los señalamientos están relacionados con presuntos vínculos de negocios entre la exconsejera presidenta y los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La existencia de posibles responsabilidades deberá ser determinada por las autoridades ministeriales y fiscalizadoras.
La decisión representa un nuevo frente de revisión sobre la gestión de Taddei, cuya salida del organismo no cierra las investigaciones ni elimina la necesidad de esclarecer el manejo de los recursos públicos. Ahora, la ASF deberá revisar las contrataciones, mientras que las auditorías externas y la FGR tendrán que determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron y si hubo beneficios indebidos. La rendición de cuentas del INE dependerá de que estas revisiones lleguen hasta las posibles responsabilidades, sin proteger a funcionarios ni proveedores involucrados.
