El poder legislativo sinaloense suspendió indefinidamente la sesión extraordinaria programada para este lunes, dejando en la incertidumbre la designación del gobernador interino encargado de sustituir a Rubén Rocha Moya tras su reciente solicitud de licencia por tiempo indefinido.
El vacío de poder tras la nueva licencia de Rocha Moya
La cancelación de la sesión extraordinaria sin ofrecer una justificación oficial evidencia el colapso institucional y la parálisis política que atraviesa Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya. Este funcionario, quien apenas regresó al cargo por cuatro días antes de solicitar una nueva licencia, enfrenta un escenario de ilegitimidad política tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos en una acusación formal presentada el 29 de abril por fiscales estadunidenses. Dicho documento judicial vincula a Rocha Moya y a diversos funcionarios sinaloenses con redes de protección, sobornos y operaciones criminales en complicidad con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusaciones que el exmandatario ha desestimado pese a la gravedad de los señalamientos que han motivado investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Antecedentes y el desgaste ante el régimen federal
La fragilidad política de Rocha Moya no es un evento aislado, sino la culminación de un historial de señalamientos documentados previamente por el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia sobre sus presuntos vínculos con organizaciones criminales. La crisis se agudizó el 21 de agosto cuando el exgobernador intentó retomar sus funciones tras 112 días de ausencia, decisión que provocó un choque directo con la administración de Claudia Sheinbaum. La presidenta de la República manifestó públicamente no haber sido consultada y exigió que Rocha Moya se mantuviera separado del cargo, lo que forzó una nueva solicitud de licencia un día después. Actualmente, mientras el Congreso de Sinaloa mantiene la inacción, Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, ejerce las funciones de despacho, mientras la titular del Ejecutivo federal ha descartado la desaparición de poderes pero ha demandado que el legislativo local designe a un sucesor bajo criterios de capacidad y honestidad para completar el periodo constitucional.
(Con información de Apro)
