El régimen de Claudia Sheinbaum ha consolidado una transformación agresiva del ordenamiento legal mexicano, al reportar la aprobación de 27 reformas constitucionales, 76 reformas legales y nueve nuevas leyes durante su administración, con el argumento central de recuperar una supuesta rectoría social del Estado.
La reconfiguración del estado y sus sectores estratégicos
La administración central pretende bajo esta ofensiva legislativa retomar el control absoluto sobre sectores económicos clave mediante el fortalecimiento de entidades como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y el sistema de trenes de pasajeros. Esta estrategia se extiende a la imposición de una agenda de soberanía alimentaria que prioriza la prohibición del maíz transgénico y la protección del maíz nativo, además de establecer nuevas directrices sobre el uso del agua y restricciones severas al acaparamiento de dicho recurso.
La embestida contra la autonomía y el servicio público
Bajo el pretexto de una austeridad republicana, el oficialismo ha ejecutado una reingeniería en la estructura del Estado mexicano que incluye la eliminación de contrapesos fundamentales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La reorganización de este organismo bajo el modelo denominado transparencia para el pueblo es el mecanismo mediante el cual el régimen busca centralizar el manejo de la información pública. Paralelamente, la normativa impuesta prohíbe el nepotismo y la reelección, instrumentos que el gobierno utiliza para desmantelar estructuras previas de participación política y consolidar el control sobre los cargos públicos.
La captura del poder judicial y el rediseño de la seguridad
El apartado de justicia y seguridad revela la intención del Ejecutivo de ejercer control directo sobre la impartición de leyes a través de la reforma al Poder Judicial, la cual impone la elección popular de ministros, magistrados y jueces, sumado a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que funcionará como ente evaluador. En el ámbito de la seguridad pública, la estrategia se concentra en el reforzamiento de la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, sectores que ahora operan bajo nuevas facultades legales para el combate a la extorsión, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, mientras se implementa un modelo de bases de datos unificadas para el control de la información sobre personas desaparecidas.
(Con información de El Economista)
