CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (XPFM).- El grupo de expertos encargado por el gobierno para evaluar la viabilidad del fracturamiento hidráulico está integrado mayoritariamente por profesionales con vínculos a la industria energética, lo que compromete la independencia del dictamen y contraviene la promesa pública de no reactivar el fracking.
El comité federal creado para estudiar la posible reactivación del fracking está formado por 47 especialistas y académicos. De ellos, al menos 17 han mostrado públicamente posturas favorables a la técnica o ocupan cargos directamente vinculados a la exploración y extracción de hidrocarburos, mientras que apenas siete integrantes han manifestado críticas claras al fracking. Esa proporción revela un claro desequilibrio que reduce la credibilidad del ejercicio técnico.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en abril que la decisión no sería tomada de forma directa por su administración sino por un panel de científicos; no obstante, la presencia de múltiples expertos procedentes de la propia industria contradice el discurso de imparcialidad.
Entre los nombres identificados como proclives al fracking figuran Luis Fernando Camacho Ortegón, Ulises Hernández (subdirector de Exploración y Extracción de Pemex), Alma América Porres (expresidenta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) y Jorge Arévalo (director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía).
El grupo trabaja bajo acuerdos de confidencialidad y avanza en recomendaciones que podrían entregarse a la mandataria en los próximos días, un procedimiento que preocupa a quienes exigen mayor transparencia. Los cuatro grupos de trabajo contemplan impactos sociales y ambientales, aspectos de ingeniería, disponibilidad de agua y planeación económica, pero la estructura no compensa el predominio de voces pro-explotación frente a las escasas posiciones discrepantes.
El fracking implica grandes volúmenes de agua, uso de aditivos químicos y riesgos de contaminación de acuíferos y suelos; ya hay estudios y antecedentes que asocian la técnica con daños a comunidades rurales y a actividades agrícolas. Por ello es alarmante que la evaluación se haga bajo secretismo y con una mayoría de expertos vinculados a los actores que se beneficiarían de la reapertura de proyectos.
Lo que se anuncia como una revisión técnica puede terminar legitimando la reactivación de una práctica que la 4T, desde el gobierno de AMLO, había descartado. Si el gobierno permite que la definición sobre el fracking esté guiada mayoritariamente por quienes tienen intereses en su impulso, se estaría traicionando una promesa pública y poniendo en riesgo el interés colectivo y el medio ambiente.
Fuente: Mas Información/EL País
