CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (XPFM).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, parece haber encontrado una nueva misión: no sólo defender los derechos del gobierno, sino construir argumentos para justificar las decisiones del poder.
En su pronunciamiento sobre los polémicos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la CNDH sostiene que estas disposiciones no constituyen censura ni represión. Más aún, acusa que quienes cuestionan los lineamientos se han beneficiado económica y políticamente de difundir “mentiras”, “tergiversaciones” y opiniones presentadas como verdades absolutas.
El organismo incluso sentencia que “la libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”. El problema no está en defender el derecho de las audiencias a recibir información veraz; el riesgo aparece cuando una institución pública comienza a asumir el papel de árbitro de lo que debe considerarse verdad, mentira, tergiversación o información válida.
La CNDH asegura que los lineamientos no pretenden convertir al gobierno en juez de los contenidos periodísticos. Pero al mismo tiempo dedica buena parte de su pronunciamiento a justificar la necesidad de combatir la desinformación y a señalar a quienes advierten riesgos de censura. La contradicción resulta evidente: dice defender la libertad de expresión mientras descalifica a quienes cuestionan una regulación que puede afectar precisamente ese derecho.
Más preocupante todavía es que la Comisión adopte un discurso que parece salido de una oficina de comunicación gubernamental. En lugar de mantener una posición estrictamente garantista frente al poder, termina ofreciendo argumentos para defender una regulación que ha generado preocupación entre periodistas, medios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Nadie sostiene que la libertad de expresión proteja delitos, amenazas o discursos que inciten a la violencia. Pero una cosa es perseguir conductas claramente ilícitas y otra muy distinta crear mecanismos que puedan terminar convirtiendo la discusión periodística en un asunto sujeto a criterios administrativos sobre qué es verdad y qué es mentira.
La pregunta inevitable es qué queda entonces de la CNDH como contrapeso. ¿Quién vigila al poder cuando el organismo encargado de proteger los derechos humanos comienza a justificar las herramientas regulatorias impulsadas desde las instituciones del Estado?
La CNDH dispone de un presupuesto público cercano a mil 800 millones de pesos. La ciudadanía podría esperar que esos recursos sirvan para defender a víctimas, documentar abusos y exigir responsabilidades a las autoridades. Lo que resulta difícil de justificar es que una institución de derechos humanos parezca más preocupada por defender los lineamientos del poder que por advertir sobre los riesgos que cualquier regulación puede representar para la libertad de expresión.
La CNDH afirma que busca fortalecer la democracia y el derecho a la verdad. Pero una democracia saludable no necesita una institución oficial que determine qué opiniones son aceptables ni que descalifique a quienes cuestionan al gobierno.
Porque el problema no es solamente si los lineamientos son o no censura. El problema es quién tendrá la facultad de decidir cuándo una información es mentira, quién determinará qué contenido debe corregirse y qué consecuencias podría tener para un medio o periodista equivocarse.
Y si la respuesta termina estando en manos de instituciones sometidas al poder político, entonces la pregunta deja de ser retórica: ¿quién defenderá a los ciudadanos y a la prensa cuando el poder sea quien decida qué es la verdad?
