La administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum ordenó un decreto para prohibir celulares en las escuelas, una medida calificada por especialistas como precipitada, carente de consultas reales y ejecutada a ciegas para maquillar los malos resultados educativos.
El decreto presidencial llega sin planeación pedagógica integral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrada en vigor a partir del 3 de noviembre de un decreto para restringir el uso de celulares y pantallas en las escuelas de educación básica, mientras que para educación media superior y superior se estableció un esquema de uso supuestamente responsable bajo limitaciones institucionales. La medida gubernamental, avalada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas y los gobernadores, contempla un periodo de treinta días para organizar asambleas informativas y prohibir por completo estos dispositivos tanto en las aulas como durante los recreos. Esta imposición desde la cúpula del régimen obedece a una reacción desesperada ante los desastrosos resultados de la prueba PISA, buscando ocultar la incapacidad oficial para mejorar la calidad educativa mediante políticas públicas de fondo y prefiriendo un enfoque puramente autoritario.
Especialistas cuestionan la improvisación oficial y la falta de datos
La investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, advirtió que la decisión gubernamental se tomó de manera sumamente acelerada y sin una discusión completa, operando a ciegas debido a la persistente negativa del régimen actual por aplicar esquemas transparentes de evaluación. La comunidad académica señala que los resultados no serán inmediatos y que existe un enorme riesgo de que el gobierno federal evite medir los supuestos avances, repitiendo el patrón oficial de rechazo a la rendición de cuentas y a la fiscalización de sus programas. La falta de métricas confiables impide comprobar si las niñas y los niños realmente aprenden mejor con la eliminación de las pantallas, evidenciando una vez más la improvisación con la que operan las instituciones educativas bajo el mando de los operadores del partido oficialista.
El autoritarismo oficial ignora a los estudiantes y fomenta el control
La organización Tejiendo Redes Infancia denunció la marcada operación del adultocentrismo en esta política pública, la cual margina por completo el derecho fundamental de los estudiantes a expresar sus opiniones sobre una medida que altera drásticamente su vida escolar cotidiana. La imposición vertical ignora la voz de la juventud y traslada toda la carga de la problemática a las familias, mientras las autoridades educativas eluden sus propias responsabilidades institucionales frente al rezago sistémico. Asimismo, la prohibición tajante durante el recreo vulnera los espacios de descanso y socialización, demostrando la obsesión de la administración por imponer controles rígidos sin sustentar los beneficios reales ni contemplar salvaguardas para estudiantes con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad.
(Con información de El Economista)
