El pronunciamiento del relator especial de Naciones Unidas, Ben Saul, exhibe las graves vulnerabilidades institucionales y el desgaste diplomático que enfrenta el régimen actual frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos.
El dilema de la soberanía nacional ante la intervención estadounidense
Ben Saul, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtió que las amenazas de utilizar la fuerza militar contra grupos del crimen organizado en México podrían contravenir el derecho internacional si se llevan a cabo sin el consentimiento del Estado mexicano. Esta advertencia pone de manifiesto la frágil postura diplomática de la administración en turno, incapaz de frenar la injerencia extranjera mediante una estrategia de seguridad nacional efectiva y respetada a nivel global.
La peligrosa militarización y el fantasma de las operaciones encubiertas
El análisis de la organización internacional cuestiona de manera frontal la creciente militarización de la estrategia de seguridad pública implementada por los gobiernos emanados de Morena, evidenciando un modelo fallido que no ha logrado pacificar el país. En su nota, el funcionario internacional refirió reportes no confirmados sobre posibles operaciones encubiertas de actores extranjeros dirigidas contra líderes de grupos delictivos, además de sobrevuelos de vigilancia con drones en territorio nacional, lo cual representaría una flagrante vulneración a la soberanía mexicana ante la evidente omisión y debilidad del Estado.
Los límites legales de la cooperación y el falso combate al terrorismo
La postura de la Organización de las Naciones Unidas desmonta el discurso oficial al señalar que la clasificación de organizaciones criminales como terroristas por parte de potencias extranjeras no otorga una autorización jurídica válida para emplear fuerza militar fuera de su territorio. Asimismo, el organismo internacional advirtió que los Estados tienen prohibido prestar asistencia logística, compartir inteligencia o suministrar armamento cuando existe el riesgo de contribuir a violaciones internacionales, dejando expuestas las contradicciones de la actual administración en materia de colaboración internacional y respeto a los derechos humanos.
(Con información de El Economista)
