CIUDAD DE MÉXICO, julio 02 (XPFM).- La Ciudad de México comenzó este 1 de julio de 2026 la implementación de un nuevo esquema de regulación para vehículos eléctricos personales, que obliga al emplacamiento de scooters y bicicletas eléctricas que cumplan ciertas características técnicas. La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), busca ordenar el crecimiento acelerado de estos medios de transporte y reducir incidentes viales en la capital del país.
La disposición aplica a los denominados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, que incluyen unidades con acelerador independiente, velocidad superior a 25 kilómetros por hora y potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt.
Estos vehículos deberán registrarse en una plataforma digital, portar placas visibles, contar con luces reglamentarias y cumplir con requisitos de seguridad como el uso de casco obligatorio.
El proceso de registro requiere que los propietarios presenten documentación básica como identificación oficial, comprobante de domicilio y factura del vehículo, además del pago de derechos correspondientes. También se exige contar con licencia de conducir en ciertos casos, lo que ha generado debate entre usuarios frecuentes de micromovilidad, quienes consideran que la medida podría desincentivar su uso como alternativa al automóvil particular.
La regulación contempla un periodo de transición durante los primeros meses, en el que las autoridades capitalinas realizarán campañas de regularización y difusión. Sin embargo, a partir del 20 de noviembre de 2026, quienes incumplan las disposiciones podrán recibir sanciones económicas de hasta 2,350 pesos, además de posibles aseguramientos de los vehículos en operativos de verificación.
El gobierno capitalino argumenta que el crecimiento desordenado de scooters eléctricos ha generado riesgos en la convivencia vial, especialmente en ciclovías y banquetas, donde se han registrado incidentes con peatones y ciclistas. De acuerdo con autoridades locales, la falta de regulación previa había creado vacíos legales que dificultaban la aplicación de sanciones en casos de accidentes o conducción negligente.
No obstante, organizaciones de movilidad y usuarios de transporte eléctrico han advertido que la medida podría tener efectos contraproducentes si no se acompaña de infraestructura adecuada. Señalan que la capital carece aún de una red suficiente de ciclovías seguras y que la regulación podría ser percibida como una carga administrativa más que como una política de seguridad integral.
La implementación de esta norma coloca a la Ciudad de México entre las primeras capitales de América Latina en establecer un esquema formal de identificación para micromovilidad eléctrica, aunque el reto principal será su aplicación efectiva en una ciudad con alta densidad vehicular y una creciente demanda de alternativas de transporte sustentable.
